Además de las actividades industriales y comerciales, ICA gravará actividades de servicios que se ejerzan en las respectivas jurisdicciones municipales

Además de las actividades industriales y comerciales, ICA gravará actividades de servicios que se ejerzan en las respectivas jurisdicciones municipales

Así lo precisó la Sección Cuarta del Consejo de Estado al resolver, en sede de apelación, la legalidad de una resolución proferida por una entidad territorial, a través de la cual se impuso a un contribuyente sanción por el no pago del Impuesto de Industria y Comercio y su complementario -ICA-.

La Sala recordó en primer lugar que de conformidad con el articulo 7.° del Decreto 3070 de 1983, por medio del cual se reglamentaron las disposiciones de Ia Ley 14 de 1983 por media de las cuales se estableció el impuesto de industria y comercio e. artículos 32 y siguientes), los sujetos pasivos del impuesto deben cumplir con una serie de deberes formales, dentro de los que se encuentra (ordinal 2.°) el de «presentar anualmente, dentro de los plazos que fijen las respectivas entidades territoriales, una declaración de industria y comercio junto con la liquidación privada del gravamen». De esa manera se preceptuó quienes tengan la condición de contribuyentes del tributo en un señalado municipio, deberán presentar una declaración anual en esa jurisdicción.

De la formulación legal del hecho imponible del ICA, señaló la Sala, se ocupó el artículo 32 de la Ley 14 de 1983, posteriormente codificado en el artículo 195 del Decreto 1333 de 1986, por medio del cual se expidió el Código de Régimen Municipal. Según el precepto, el impuesto grava, además de las actividades industriales y comerciales, a las actividades de servicios «que se ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones municipales».

Al juzgar la disposición en comento, agregó el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, la Corte Constitucional advirtió en el fundamento jurídico 5.5 de la sentencia C-121 de 2006 (MP: Marco Gerardo Monroy Cabra) que, en la medida en que se trataba de una norma con carácter general, se dificultaba «establecer en forma precisa» el municipio llamado a cobrar el tributo en aquellos casos en los que «por alguna razón, uno o varios de los elementos de la actividad gravada no se ubican en un solo municipio», razón por la cual el legislador había establecido para algunos de esos «casos difíciles» reglas especiales tendentes a definir el factor territorial del tributo (v.g. lo previsto en el artículo 51 de la Ley 383 de 1997 para la prestación de servicios públicos domiciliarios), pero no para todos.

En palabras del Consejo de Estado, la propia Corte Constitucional puso de presente “que esas situaciones para las cuales no se habían contemplado reglas particulares suscitaban conflictos jurídicos «en el momento en que las administraciones municipales han liquidado oficialmente impuestos a ciertos contribuyentes, haciéndolo de manera tal que estos resultan pagando el mismo tributo, por un mismo hecho económico, en más de un municipio», sin perjuicio de lo cual «la labor interpretativa ha sido posible», pues, a partir del mandato general de la norma, esta judicatura ha podido «establecer el factor territorial determinante del sujeto activo del tributo”.

Consulte aquí el documento: CE-SEC4-EXP2020-N24097_01994-01_Nulidad-Restab_20200312

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