¿Cómo incide el Decreto Legislativo 806 de 2020 en el trámite de excepciones previas en materia contencioso administrativa? Consejo de Estado responde

¿Cómo incide el Decreto Legislativo 806 de 2020 en el trámite de excepciones previas en materia contencioso administrativa? Consejo de Estado responde

En un reciente fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo tuvo oportunidad de referirse sobre la incidencia del Decreto Legislativo 806 de 2020 en el trámite de las excepciones previas al interior de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Sobre las normas introducidas por el citado decreto legislativo consulte:

Consideraciones del Consejo de Estado

La Ley 1437 de 2011 dispone que, en desarrollo de la audiencia inicial, el juez o magistrado ponente debe ocuparse de los siguientes aspectos a saber: saneamiento del proceso; decisión de excepciones previas; fijación del litigio, posibilidad de conciliación; decisión sobre medidas cautelares y el decreto de pruebas.

Conforme al artículo 180 del CPACA resultan destacables los siguientes aspectos relacionados con el trámite de las excepciones previas: (i) que es el juez o magistrado ponente quien debe emitir pronunciamiento frente a la prosperidad de las mismas; (ii) que la oportunidad que el legislador dispuso para ello es en la audiencia inicial de que trata el artículo 180 ibidem; (iii) que resulta admisible la práctica de pruebas cuando resulte necesario para determinar la configuración del medio exceptivo, siendo posible la suspensión de la diligencia para tales efectos y, (iv) que si prospera alguna que impida continuar con el proceso se dará por terminada la actuación.

Sin embargo, destaca la Sala, algunos de estos tópicos fueron objeto de modificación extraordinaria y temporal, a través del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020.

Mediante este decreto legislativo se quiso reactivar el servicio público esencial de justicia y agilizar el trámite de los procesos judiciales a través de su virtualización y la flexibilización de la atención a los usuarios, para impedir la extensión de los efectos negativos que a nivel económico y social ha producido su cierre parcial al público a raíz del brote pandémico generado por el  COVID-19 y la consecuente suspensión de términos judiciales ordenada a través de acuerdos sucesivos del Consejo Superior de la Judicatura desde el 16 de marzo de 2020. En concordancia con estos propósitos, el mentado decreto legislativo contempla disposiciones de tipo adjetivo para dotar de celeridad el trámite y decisión de las diferentes causas judiciales, las cuales “se adoptarán en los procesos en curso y los que inicien luego de la expedición de este decreto”.

Acorde con este precepto, agrega el Consejo de Estado, se produjo un cambio significativo en relación con el trámite y decisión de las excepciones previas, en tanto el juzgador contencioso administrativo debe remitirse al artículo 101 del CGP, de lo cual se infiere lo siguiente:

(i) El juez debe decidir las excepciones previas que no requieran la práctica de pruebas, antes de la audiencia inicial (numeral 2º, inciso primero);

(ii) En caso de prosperar alguna que impida continuar el trámite del proceso y que no pueda ser subsanada o no lo haya sido oportunamente, se procede a declarar terminada la actuación (numeral 2º, inciso primero);

(iii) Si se requiere la práctica de pruebas, para determinar la configuración de una excepción previa, en el mismo auto que se cite a audiencia inicial, dispondrá su decreto y las practicará y resolverá en la referida diligencia (numeral 2º, inciso segundo);

(iv) Solo se tramitarán las excepciones previas, una vez haya finalizado el traslado de la reforma de la demanda. Así las cosas, lo que se pretende a través de estas modificaciones procedimentales es dotar de mayor agilidad y eficiencia a la jurisdicción contenciosa administrativa, permitiéndole al juez o magistrado sustanciador emitir un pronunciamiento de fondo sobre las excepciones previas, antes de la audiencia inicial, con el fin de que dicho instituto procesal no genere dilaciones en otras etapas del proceso.

Consulte aquí el documento: CE-SEC5-EXP2020-N00059-00_Nulidad-Electoral_20200706

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