Competencia para imponer unilateralmente multas por incumplimiento de contratos estatales corresponde a los jueces y no a las partes

Competencia para imponer unilateralmente multas por incumplimiento de contratos estatales corresponde a los jueces y no a las partes

Así lo recordó la Sección Tercera del Consejo de Estado al conocer, en sede de apelación, de un caso en el cual se alegaba el rompimiento del equilibrio económico de un contrato estatal. En este caso Empresas Públicas de Neiva, en su calidad de contratante, había impuesto una multa al contratista.

Consideraciones del Consejo de Estado

Al estudiar la competencia para imponer multas en materia de contratación estatal la Sección Tercera destacó, en primer lugar, que a la luz del principio de legalidad se impone “que ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley. Respecto de los contratos estatales, la Sala precisa que al ser sinalagmáticos y conmutativos, las partes se obligan a cumplir con las obligaciones, dentro del ámbito de sus competencias, para el cumplimiento de los fines para los cuales fueron suscritos”.

El Consejo de Estado ha tenido una posición clara y reiterada en relación con la competencia de la Administración para pactar multas en los contratos no sometidos a la Ley 80 de 1993, sino a normas de derecho privado y la falta de competencia para aplicarlas y hacerlas efectivas, mediante acto administrativo.

Desde antes de la expedición de la Ley 80 de 1993, es decir, en vigencia del Decreto Ley 222 de 1983, la jurisprudencia sostenía, con base en el principio de igualdad absoluta de las partes en el contrato de derecho privado, que era viable pactar multas en los contratos que se regían por el derecho privado; sin embargo, ninguna de las partes podían directa y unilateralmente arrogarse el privilegio de multar a la otra por incumplimientos de sus obligaciones, sino que debían acudir para ello al juez del contrato.

Mediante auto del 20 de febrero de 1997, la Corporación al analizar un contrato que se regía por el derecho privado celebrado en vigencia del Decreto Ley 222 de 1983, refirió que la Ley 80 de 1993 no había consagrado ni las multas ni la cláusula penal pecuniaria como cláusulas implícitas en el contrato con el alcance de poderes exorbitantes o estipulaciones extraordinarias, por consiguiente, cuando se pretendiera utilizar esas figuras “deberán ser expresamente convenidas por las partes y las circunstancias que las estructuren habrán de ser declaradas judicialmente”.

Posteriormente, la Sección Tercera reiteró la misma tesis, al respecto sostuvo que en los contratos suscritos por las entidades públicas regidos por el derecho privado, las partes estaban en condición de igualdad, de manera que ninguna de ellas podía ejercer la potestad para imponer multas mediante un acto administrativo, siendo al juez a quien le correspondía verificar el incumplimiento y determinar la viabilidad de las sanciones.

En definitiva, las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad podían pactar multas por incumplimiento del contrato. No obstante, la competencia para imponerla unilateralmente y hacerla efectiva, le corresponde al juez del contrato, precisamente porque las competencias de las entidades estatales y sus representantes están dadas por la ley y no pueden atribuirse ni derivarse de un acuerdo de voluntades que carezca de soporte legal y, porque resultan ajenas a las facultades que los contratantes pueden ejercer dentro de un contrato sujeto a las normas del derecho privado, en tanto, las partes del contrato se encuentran en igualdad de condiciones.

Consulte aquí el documento: CE-SEC3-EXP2020-N44420_03907-01_Contractual_20200619

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