Congreso publica Proyecto que establece el régimen sancionatorio para el sector transporte

Situación fáctica: El Congreso de la República presentó un Proyecto de Ley para reglamentar las sanciones del sector transporte, determinar el proceso sancionatorio y establecer el régimen de protección a los usuarios del servicio de transporte. En concreto, el Proyecto establece que las normas allí contenidas serían aplicables a la actividad transportadora y portuaria, a los contratos de concesión destinados a la construcción, rehabilitación, operación o mantenimiento de la infraestructura vial, férrea, marítima, fluvial, aeroportuaria y portuaria, y de los servicios conexos o complementarios a éstos, y a las relaciones de consumo existentes en el sector transporte.

Fundamento jurídico: El artículo 10 del Proyecto establece que las actuaciones administrativas de carácter sancionatorio serán adelantadas de acuerdo a la Ley 1437 de 2011. Asimismo, encarga a la Superintendencia de Transporte para instruir a los vigilados sobre la forma en que se deben cumplir las obligaciones relacionadas con el transporte, y a implementar las medidas de precaución que sean pertinentes para superar o impedir situaciones de grave alteración en la prestación del servicio publico de transporte, o situaciones de vulneración de los derechos de los usuarios.

Ahora bien, el articulo 19 del Proyecto establece, de forma taxativa, las infracciones generales del sector transporte, las cuales son:

No reportar la información o no acatar las solicitudes de información de la Superintendencia de Transporte o de la autoridad de transporte y tránsito competente, las órdenes e instrucciones que impartan, u obstruir las actuaciones administrativas.
Las demás conductas que constituyan violación a las demás leyes del sector transporte, y que no tengan asignada otra sanción específica.
Negarse, sin justa causa, a prestar el servicio público de transporte.
No capacitar anualmente a todo el personal de información, vigilancia, aseo, expendedores de tiquetes, conductores y personal afín, en materias relacionadas con la atención integral al pasajero en condición de discapacidad.
No contar con el personal capacitado para la atención de personas en condición de discapacidad.
No contar con equipos debidamente señalizados o acondicionados o accesibles, según lo establecido en la normativa aplicable, para facilitar el transporte de las personas en condición de discapacidad.
Negar la prestación del servicio a personas en condición de discapacidad acompañadas de su animal de asistencia, siempre y cuando este último vaya provisto del distintivo especial indicativo que se establezca y la tipología del respectivo vehículo permita el transporte del animal en forma adecuada, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.
No asumir una conducta diligente en caso de una emergencia o incidente, para contrarrestar las causas que la originaron, reducir los riesgos o restablecer la normalidad.
No disponer de los mecanismos necesarios para ofrecer y garantizar en forma óptima la atención de las peticiones, quejas, denuncias, y reclamos presentados por los usuarios.
No respetar las normas o regulación económica o políticas tarifarias existentes determinados para la autoridad competente, para cada modalidad de transporte.

Así pues, el Proyecto regula, entre otras cosas: las infracciones relacionadas con la infraestructura de transporte (art. 20 y ss), las infracciones a las normas de transporte terrestre (art. 24 y ss, entre los cuales se incluyen también los requisitos de habilitación para la prestación del servicio de transporte), los tipos de empresas que pueden prestar un servicio de transporte y los tipos de servicios que pueden prestar, el régimen de usuarios del sector transporte (art. 52 y ss), las conductas sancionables (transversalmente a lo largo del Proyecto dependiendo del tipo de transporte), los tipos de operadores que prestan servicio de transporte público e integrado (art. 71 y ss), las sanciones a imponer por la Superintendencia de Transporte (art. 77 y ss), y finalmente lo referente al régimen de transición (art. 80 y ss).