Conozca los últimos pronunciamientos de la Corte Constitucional frente a decretos emitidos por COVID-19

Conozca los últimos pronunciamientos de la Corte Constitucional frente a decretos emitidos por COVID-19

A lo largo del mes de agosto la Corte Constitucional continuó con el estudio de los decretos que ha emitido el gobierno nacional en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado con ocasión del COVID-19.

Sentencia C-307 de 2020

En esta sentencia la Corte Constitucional analizó la exequibilidad del Decreto 637 de 2020, a través del cual se decretó el segundo Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el país.

El análisis de la Corte comenzó por los requisitos formales que debe cumplir el Decreto 637 de 2020. Con fundamento en los medios de prueba allegados al proceso, se pudo constatar que este decreto: 1) fue suscrito por el Presidente de la Republica y todos sus ministros; 2) tiene una adecuada motivación, contenida en 94 consideraciones, organizadas en cinco secciones; 3) fija un término de vigencia de 30 días para el estado de excepción declarado, los cuales, sumados a los 30 días del estado de excepción anterior, declarado por el Decreto 417 de 2020, no exceden los 90 días previstos en el artículo 215 de la Constitución; 4) determina el ámbito espacial de su aplicación, que es todo el territorio nacional; y 5) no era necesario convocar al Congreso de la República, porque éste estaba en su segundo período constitucional de sesiones ordinarias. Además, aunque no es un presupuesto formal para la declaratoria del estado de excepción, 6) se estableció que la expedición del decreto sub examine se comunicó, al día siguiente, a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y a la Secretaría General de las Naciones Unidas. El análisis prosiguió por los requisitos materiales que debe satisfacer el Decreto 637 de 2020, a partir de los presupuestos fáctico, valorativo, de suficiencia y de otras prohibiciones constitucionales.

La Corte encontró, también, que el Decreto 637 de 2020 no desconoce ninguna de las demás prohibiciones constitucionales, en la medida en que no suspende los derechos humanos y las libertades fundamentales, no vulnera el principio de intangibilidad de ciertos derechos, no desmejora los derechos sociales de los trabajadores, no interrumpe el normal funcionamiento de las ramas y órganos del Estado, ni contraría los principios de finalidad, necesidad, proporcionalidad, legalidad y no discriminación.

Sentencia C-308 de 2020

En esta oportunidad la Corte Constitucional analizó la exequibilidad del Decreto 802 de 2020, por el cual se modifica el Decreto Legislativo 558 del 15 de abril de 2020 y se dictan otras disposiciones.

La Sala Plena constató que el Decreto Legislativo 809 de 2020 cumple con las exigencias formales establecidas en la Carta Política y en la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción. En efecto, el decreto (i) es desarrollo del Estado de Emergencia declarado por el Decreto 637 de 2020; (ii) cuenta con la firma del Presidente y de todos los ministros; (iii) cumple con la carga de motivación, en cuanto explica su relación directa y específica con el estado de emergencia que le dio origen; y (iv) fue expedido dentro del período del Estado de Emergencia. Así mismo, atiende los requisitos materiales según se verificó mediante los juicios de finalidad, de conexidad material, de motivación suficiente, de ausencia de arbitrariedad, de intangibilidad, de no contradicción específica, de incompatibilidad, de necesidad, de proporcionalidad y de no discriminación.

En efecto, la Sala encontró que el decreto legislativo adopta tres medidas que persiguen financiar los esquemas de solución a largo plazo afectados por la emergencia y, así, asegurar que las ESPD en toma de posesión que los hayan implementado puedan continuar prestando los servicios domiciliarios a su cargo en momentos en que su prestación resulta aún más imperiosa dadas las condiciones de aislamiento en el hogar. Esto, mediante la autorización temporal de dos operaciones de crédito público, la fijación de las condiciones aplicables a tales operaciones, y una exención tributaria. La primera de estas operaciones se dirige a financiar la fuente excepcional de recursos de los esquemas de solución de largo plazo: el Fondo Empresarial, el cual podrá disponer de dichos recursos únicamente para solventar las necesidades de los esquemas de solución afectados por la emergencia; la segunda operación está orientada a apalancar ese financiamiento; y la exención tributaria pretende maximizar los recursos que se transfieran con ocasión de esas operaciones.

En consecuencia, las medidas adoptadas robustecen las fuentes de recursos mediante operaciones de crédito público inmediatas y temporales para financiar dichos esquemas.

Sentencia C-310 de 2020

Aquí el máximo tribunal constitucional estudió la exequibilidad del Decreto 819 de 2020, por el cual se adoptan medidas para el sector de Vivienda, Ciudad y Territorio en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Al analizar el proceso de formación del decreto revisado, la Corte pudo constatar que fue suscrito por el Presidente de la República y todos sus ministros; que se expidió en desarrollo del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, declarado por el Decreto 637 de 2020 y durante el término de su vigencia; y que el decreto estaba debidamente motivado. Por lo tanto, se concluyó que no hay ningún vicio en el proceso de formación del Decreto Legislativo 819 de 2020. Antes de analizar el contenido del decreto revisado, la Corte consideró dos circunstancias relevantes: el estudio de su fundamentación, para comprender las medidas adoptadas y su contexto, y la existencia de sentencias previas en las cuales se analizó medidas semejantes a las ahora examinadas, las cuales fueron adoptadas en decretos legislativos dictados en vigencia del anterior estado de emergencia económica, social y ecológica.

Con fundamento en lo anterior, se determinó que en el decreto sub examine hay cuatro tipos de medidas: 1) las relativas al sector vivienda; 2) las relacionadas con el financiamiento de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico; 3) las que corresponden a subsidios en el sector de agua potable y saneamiento básico; y 4) las que tienen que ver con el servicio público de aseo. Por último, en cuanto a la vigencia del decreto, que es a partir de su publicación, no se encontró que hubiese ningún reparo en el control material de su constitucionalidad.

Sentencia C-311 de 2020

A través de esta sentencia la Corte determinó que el auxilio de conectividad digital para los trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos, y desarrollen labores en so domicilio, se podrá extender más allá de la emergencia sanitaria, cuando sea necesario garantizar la continuidad del trabajo en casa para evitar el contagio de COVID-19.

El Decreto Legislativo 771 de 2020 contiene una sola medida. Esta se concreta en un parágrafo transitorio al artículo 2 de la Ley 15 de 1959. El objetivo de esa disposición es: i) modificar la destinación del auxilio de transporte como auxilio de conectividad; ii) a cargo del empleador y a favor de todos los trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes; iii) durante la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y de Protección Social; iv) sin posibilidad de acumulación entre el auxilio de transporte y el de conectividad y v) con exclusión de quienes desempeñan sus labores bajo la modalidad de teletrabajo.

La Corte determinó que el Decreto de la referencia cumple los requisitos formales de validez definidos por la Constitución, la Ley Estatutaria 137 de 1994 y la jurisprudencia constitucional, pues: (i) fue suscrito por el presidente de la república y todos los ministros del gabinete; (ii) fue expedido durante la vigencia y en desarrollo del Decreto Legislativo 637 de 2020, que declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional y (iii) expuso las razones que justifican la adopción de las medidas que contiene.

Luego de realizar un análisis detallado de la medida contenida en el Decreto Legislativo 771 de 2020, la Sala Plena concluyó que esta superaba todos los juicios validez material. Asimismo, la Corte consideró necesario establecer que la duración de la medida se podrá extender más allá de la vigencia de la emergencia sanitaria cuando sea necesario garantizar la continuidad del trabajo en casa, con el fin de evitar el contagio del COVID-19. A continuación, se sustentan las razones por las cuales este decreto legislativo satisface los requisitos constitucionales, legales y jurisprudenciales y los argumentos para definir la duración del cambio de destinación del auxilio de transporte por un auxilio de conectividad.

Deja un comentario

Envía un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *