Consejo de Estado confirma millonaria sanción a empresas constructoras por violar la libre competencia

Consejo de Estado confirma millonaria sanción a empresas constructoras por violar la libre competencia

El máximo tribunal de lo contencioso administrativo resolvió, luego de ocho años, el recurso de apelación promovido por las empresas Constructora M.P. S.A. y M.L. Ingenieros S.A. contra la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento de derecho. El acto administrativo demandado fue una resolución proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC- en el marco de un proceso administrativo sancionatorio adelantado por haber incurrido las mencionadas empresas en prácticas restrictivas de la compentencia.

La actuación administrativa desplegada por la SIC inició luego de que el Grupo de Evaluación y Contratación de Fonade emitiera un oficio en el que diera cuenta de las coincidencias en las propuestas presentadas por estas dos firmas al interior de una licitación pública. De allí concluyó la entidad administrativa que las empresas sancionadas incurrieron “en un acuerdo colusorio para participar en la licitación derivada del convenio celebrado entre el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) y el Instituto Nacional de Vías (Invías), para pavimentar y adelantar mantenimiento sobre el tramo vial Fuente de Oro – San José del Guaviare”.

El proceso

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó en primera instancias las pretensiones, “por considerar que la decisión de la SIC se basaba en la adecuada valoración de las pruebas que fueron practicadas dentro del proceso, frente a las cuales las investigadas tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho de defensa”. Frente a ello, las empresas sancionadas interpusieron recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

La decisión adoptada en primera instancia fue confirmada por el Consejo de Estado. El máximo tribunal de lo contencioso administrativo “declaró legales las actuaciones de la SIC en este proceso sancionatorio, entre otras cosas, porque consideró que la decisión del organismo de vigilancia de oponerse a las conclusiones de un informe pericial que advertía que no se había producido ninguna colusión estaba plenamente justificada”.

De igual forma, el Consejo de Estado señaló que la SIC había adelantado “un análisis econométrico de las propuestas y llegó a conclusiones distintas a las del perito, debido a que este último partió de las observaciones formuladas en el auto de apertura de investigación y no en la resolución que contiene la argumentación econométrica que sustentó la sanción en la primera instancia del proceso, como le correspondía hacerlo”. Esto constituyó un error grave que habilitó legalmente a la entidad administrativa a  apartarse de lo expuesto por el perito, menciona el Consejo de Estado.

De igual forma, “los consorcios tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa frente a esta prueba y otras que también fueron objeto de análisis por parte de la SIC al emitir su decisión”. Decisión esta última que, a criterio del Consejo de Estado, no fue violatoria del debido proceso y se produjo de acuerdo a las competencias de la entidad en materia sancionatoria.

Tampoco se comprobó que se hubiera violado el derecho al buen nombre de las demandantes por el hecho de que la accionada hubiera informado en un comunicado de prensa de diciembre del 2011 sobre la sanción, pues en ese entonces estas investigaciones no tenían reserva y se trataba del ejercicio de un deber de aportar información veraz. Finalmente, así la falta no diera lugar al menoscabo del patrimonio estatal, la multa de más de $2.600 millones era procedente, por ser uno de los instrumentos legales con los que cuenta la SIC para ejercer sus competencias legales. Así lo concluyó el Consejo de Estado.

Deja un comentario

Envía un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *