Consejo de Estado define que las entidades públicas tienen 4 meses para liquidar un contrato de forma bilateral, dos para hacerlo de forma unilateral, y dos años máximo para ejercer cualquiera de estas competencias.

Situación fáctica: Mediante la Sentencia del 10 de julio de 2019, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, resolvió un recurso de apelación por concepto de una acción de controversias contractuales interpuesta por el Consorcio WTD Aguacol Tunja 2008 contra el Municipio de Tunja.

El recurso fue interpuesto por el demandante contra el auto del 13 de julio de 2018 proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante el cual rechazó la demanda por haber sido presentada después del termino de caducidad.

Entre el demandante y el demandado se celebró un contrato para suministrar, instalar, y poner en marcha equipos del primer modulo de 120 LPS de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Tunja. Una vez se inició la ejecución del contrato, se detectaron fallas en las obras civiles para poner en marcha la planta sobre la cual se debían instalar los equipos, lo cual obligo al Municipio a celebrar dos contratos adicionales para finalizar las obras y condujo a la suspensión del contrato de suministro y a múltiples prorrogas del mismo.

Debido a las constantes falencias, el Municipio decidió liquidar unilateralmente el contrato, ante lo cual el Consorcio presentó una solicitud de conciliación. El Tribunal Administrativo de Boyacá rechazó la demanda por haber sido presentada luego de transcurrido el termino de caducidad. Para lo cual, contabilizo el termino de 2 años a partir del vencimiento de los 6 meses para liquidar el contrato (4 meses para liquidar bilateralmente y 2 meses para liquidar unilateralmente).  

Fundamento jurídico: El demandante presento su escrito de demanda de controversias contractuales contra el demandado, con el fin de obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución 497 de 2015, por medio de la cual el demandado liquido de forma unilateral el contrato 226 de 2009.

Para analizar si efectivamente la demanda fue presentada por el demandante después del término de caducidad, la Sala consideró que se trata de un contrato de tracto sucesivo que se encuentra sujeto a liquidación, y que debido a que ésta fue realizada de forma unilateral por la administración, el termino debe contarse a partir del día siguiente a la ejecutoria de dicho acto (aparte 4, literal j), numeral 2, articulo 164 CPACA).

De igual modo, la Sala hizo referencia al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, la cual establece que pese a que las entidades estatales deben realizar la liquidación de los contratos de forma bilateral, y deben liquidarlo unilateralmente dentro de los 2 meses siguientes al vencimiento del término para liquidar bilateralmente, éstas no pierden competencia para realizar la liquidación sino hasta el vencimiento de los dos años siguientes  la expiración del término para liquidar (bilateral y unilateralmente).

Con todo, la Sala determinó que las entidades públicas cuentan con 4 meses para liquidar bilateralmente, dos meses para liquidar unilateralmente, y dos años para ejercer cualquiera de estas competencias como máximo límite temporal.

Por lo cual, si el contrato es liquidado dentro de ese límite máximo temporal, la oportunidad para demandar debe contarse a partir del día siguiente a la suscripción del acta de liquidación bilateral o al día siguiente a la ejecutoria del acto administrativo de liquidación unilateral. En consecuencia, si la liquidación se realiza fuera del máximo legal establecido por la norma, la liquidación es adoptada sin competencia por la entidad estatal y no tiene la facultad de revivir los términos de la acción contractual. Por ende, la liquidación solo puede ser cuestionada en ejercicio de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho por el cargo de falta de competencia.

La Sala determina entonces, que la decisión del a quo de contabilizar el termino de caducidad de dos años a partir del vencimiento de los 6 meses siguientes a la terminación del contrato resulta contraria a la ley, debido a que la regla de caducidad en este caso no condiciona el conteo de la caducidad al hecho de que la liquidación del contrato se haya efectuado en los términos establecidos en la ley o contrato.

Por lo cual, la Sala decide revocar el auto del 13 de julio de 2018 proferido, mediante el cual se declaró la caducidad del medio de control de controversias contractuales.

 

Fuente: Ver Sentencia

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