Consejo de Estado establece que en caso de emplazamiento irregular frente a la presentación de las declaraciones tributarias, el acto administrativo que imponga sanciones por no declarar puede ser declarado nulo.

Situación fáctica: Mediante la Sentencia del 25 de septiembre de 2019 (M.P. Milton Chaves García), la Sección Cuarta de la Sala de Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por Minerales Barios de Colombia SAS contra la Secretaria de Hacienda Distrital, con referencia al impuesto de industria y comercio y el emplazamiento para declarar.

La Sala decidió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, la cual declaro la nulidad de una serie de actos administrativos emitidos por la Oficina de Liquidación de la Subdirección de Impuestos a la Producción y al consumo, mediante las cuales se impuso a la parte demandante sanción por no presentar las declaraciones del impuesto de industria, comercio, aviso y tableros, y mediante las cuales también se profirió una liquidación de aforo del impuesto de industria, comercio, aviso y tableros.

Asimismo, en segunda instancia, el fallador declaro que la sociedad demandante no estaba obligada a pagar la suma por concepto de las sanciones por no declarar el impuesto de industria y comercio. Contra esta decisión, la parte demandada estableció que el emplazamiento para declarar fue enviado a la dirección de la demandante, por lo cual procedió de acuerdo a la ley y en esa medida proceden las sanciones correspondientes.

Fundamento jurídico: Considerando los antecedentes de la controversia, la Sala procedió a resolver el problema jurídico de si la administración efectivamente vulnero el debido proceso de la sociedad demandante, dentro del procedimiento de notificación del emplazamiento para declarar.

Por un lado, la parte demandada aleja que no se vulnero el debido proceso de la parte demandante, debido a que se notifico el emplazamiento en la dirección brindada por la DIAN, y, por otro lado, la parte demandante afirmo que el oficio persuasivo y el emplazamiento fueron enviados a otra dirección. Con lo cual, la administración no le dio oportunidad para presentar sus declaraciones, violando su derecho al debido proceso y a la defensa.

A partir de la vigencia de la Ley 383 de 1997, específicamente el articulo 66, los municipios y distritos quedaron obligados a aplicar los procedimientos contenidos en el Estatuto Tributario para administrar, determinar, discutir, cobrar y devolver los impuestos territoriales, así como para imponer sanciones relacionadas con ellos.

Subsiguientemente, el articulo 59 de la Ley 788 de 2002 reiteró el mandato dado a los entes territoriales para que aplicaran los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario. De manera que, en el caso concreto aplica la norma relativa al emplazamiento previo por no declarar, a saber, el articulo 715 del Estatuto Tributario, el cual señala que quienes incumplan con la obligación de presentar las declaraciones tributarias estando obligados a ello, serán emplazados por la Administración de Impuestos, una vez se compruebe la existencia de la obligación, para que éste se realice en el término perentorio de 1 mes, advirtiendo las consecuencias legales en caso de persistir la omisión en la presentación de la declaración.

La Sala consideró que, en el caso concreto, la administración emitió el emplazamiento para declarar especifico debido a que, según la administración, la sociedad demandante no declaró el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros para los periodos correspondientes.

Como fundamento legal, la Sala recurre al precedente existente frente a los efectos jurídicos de la falta de emplazamiento, los cuales se traducen en una vulneración del debido proceso.

En efecto, la Sala precisa que la administración viola el debido proceso del contribuyente cuando existe notificación irregular del emplazamiento para declarar, lo cual es un requisito de validez para imponer la sanción por no declarar. Esto, pues la notificación del emplazamiento garantiza que el contribuyente pueda controvertirlo, y ejercer debidamente su derecho a la defensa. La consecuencia directa del emplazamiento irregular es, entonces, la nulidad de la sanción por no declarar.

A su vez, el parágrafo del articulo 715 del Estatuto Tributario establece que la notificación debe efectuarse en la dirección informada por el contribuyente o declarante en el Registro de Información Tributaria. Asimismo, establece que cuando el contribuyente no informa la dirección a la administración tributaria, la actuación administrativa se podrá notificar mediante verificación directa o la utilización de guías telefónicas, directorios, en general de información oficial, comercial o bancaria, información que de oficio será ingresada en el Registro de Información Tributaria.

Sin embargo, debido a que el Registro de Información Tributaria no se encontraba regulado para le fecha en que se notifico el emplazamiento para declarar en el caso concreto, la norma aplicable para determinar la dirección de notificación es el articulo 7 del Decreto Distrital 807 de 1993, la cual establece que la notificación de las actuaciones de la administración tributaria distrital deberá efectuarse a la dirección informada por el contribuyente o declarante en la última declaración del respectivo impuesto o mediante formato oficial de cambio de dirección.

Así pues, la Sala concluye que debido a que el contribuyente no había presentado declaración del impuesto de industria y comercio, la administración estaba facultada para establecer la dirección de notificación a través de la verificación directa o mediante la utilización de guías telefónicas…etc., como se estableció anteriormente, debido a que el Registro de Información Tributaria no se encontraba regulado para ese entonces, y porque no existe norma que faculte a la Administración para acudir a la información registrada en el RUT para efectos de notificaciones.

La Sala consideró, finalmente, que, pese a que la notificación realizada inicialmente por la demandada fue devuelta por la oficina de correos, esta no realizo la labor de verificar la dirección de la parte demandante por otros medios, de acuerdo a lo establecido por el articulo 7 del Decreto 807 de 1993 y el articulo 563 del Estatuto Tributario. Por lo cual, hubo una notificación irregular del emplazamiento para declarar. 

Por lo que, la Sala confirma la decisión de primera instancia, por medio de la cual se declaro la improcedencia de las sanciones por falta de presentación de las declaraciones, y declaró que en ese sentido sí hubo una vulneración al debido proceso y a la defensa de la parte demandante.

 

Fuente: Ver Sentencia

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