Consejo de Estado establece que la acción de nulidad simple puede proceder contra actos administrativos de carácter particular y concreto cuando se demuestre la persecución de un interés general a favor de la colectividad.

Situación fáctica: Mediante la sentencia del 1 de agosto de 2019 (C.P. Hernando Sánchez Sánchez), la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió una acción de nulidad simple presentada por la Cooperativa de Transportadores de Santa Rosa- Coopetransa, contra el Municipio de Belmira en Antioquia.

En esta oportunidad, la Sala decide un recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la cual el fallador declaró probadas las excepciones propuestas por la parte demandada y se inhibió para emitir un pronunciamiento de fondo.

En concreto, la parte demandante presentó una demanda en ejercicio de la acción publica de nulidad (articulo 84 CPACA) contra una resolución emitida por el alcalde del Municipio de Belmira, con el fin de que se declarara la nulidad parcial de dicha Resolución, mediante la cual se adjudicaron unas rutas dentro de un proceso licitatorio, el cual tenia como objeto seleccionar a una empresa de Transporte debidamente habilitada con el fin de otorgar un permiso de operación para la prestación del servicio público colectivo de pasajeros en el Municipio de Belmira.

Como fundamento de la demanda, el actor alegó que el alcalde de Belmira adjudicó una ruta que desborda su competencia, al tratarse de rutas intermunicipales, las cuales son adjudicadas por el Ministerio de Transporte. Lo cual, va en contravía de los artículos 57 y 58 de la Ley 336 de 1996. Por lo que, el demandante afirma que la acción presentada esta dirigida a salvaguardar el orden publico y defender los derechos e intereses de la colectividad.

Presentada la demanda, en primera instancia se admite la demanda, pero se deniega la solicitud de suspensión provisional del acto, al considerar que no satisfacía el requisito de sustentación frente al concepto de violación y la argumentación de las presuntas vulneraciones de derechos.

Dentro del proceso, la parte demandada interpuso la excepción de indebida escogencia de la acción por parte del actor, pues argumenta que, de acuerdo a la teoría de los móviles y las finalidades, la acción de nulidad en este caso no es viable al no reunir los requisitos indicados en providencias anteriores del Consejo de Estado, pues esta acción procede de forma excepcional contra actos administrativos de carácter individual y concreto (articulo 14, Decreto 2304 de 1989).

Asimismo, la parte demandada argumenta la inexistencia de la falta de competencia del funcionario que emitió el acto administrativo demandado, considerando que no es criterio para designar a la autoridad competente el solo hecho de pasar por la jurisdicción de otro municipio, arguyendo que el criterio determinante dentro de la definición de la autoridad competente es la ruta, entendida como el trayecto entre un origen y un destino.

Atendiendo a la declaratoria de las excepciones presentadas por la parte demandada en primera instancia, en sede de apelación, la parte demandante afirmó que el acto administrativo demandado es abiertamente ilegal y en esa medida es posible utilizar las medidas legales y jurídicas para que esto sea evidenciado. Asimismo, manifiesta que su demanda se fundamenta en la legalidad del acto administrativo, mas no en los efectos de dicho acto, por lo que su acción es plenamente procedente.

Por otra parte, el demandante afirmó que en ninguna de las atribuciones legales dadas a los alcaldes se contempla la posibilidad de autorizar la prestación de un servicio público de transporte de pasajeros por fuera de la jurisdicción de su municipio.

Asimismo, manifiesta que la acción de nulidad es procedente, pues lo que busca es que se declare la simple nulidad de un acto administrativo que no implica un restablecimiento de un derecho, y en esa medida es posible impugnar dicho acto por la vía que el demandante ha empleado. Esto, teniendo en cuenta que la finalidad de la acción presentada por el demandante es la salvaguarda del orden público y no un interés particular.

Fundamento jurídico: Para resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante, la Sala realiza un análisis de la naturaleza de la acción efectuada por el actor y el incumplimiento de los presupuestos procesales para la procedencia del restablecimiento del derecho, pues en caso de que sea afirmativo, la Sala advierte que procedería a confirmar la sentencia de primera instancia.

Respecto a la acción de nulidad simple, la Sala establece que esta se puede presentar cuando se pretenda la nulidad de actos administrativos generales y la protección del ordenamiento jurídico en abstracto. Por otro lado, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho tiene como objeto que la persona que considere que se le ha lesionado un derecho amparado en una norma jurídica, pueda lograr la declaratoria de nulidad del acto o actos que afectaron su derecho.

Para la Sala, de acuerdo a la teoría de los móviles y las finalidades, contra los actos administrativos de carácter particular o concreto procede la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, mientras que para los actos administrativos de carácter general procede la acción de nulidad simple.

Asimismo, la Sala estableció que, en desarrollo de dicha teoría, ha sostenido que la acción de nulidad procede contra actos creadores de situaciones concretas e individuales, cuando esta situación conlleva un interés para la comunidad en general de tal importancia que desborda el simple interés de la legalidad en abstracto, por afectar de forma grave y evidente el orden publico social o económico.

Del mismo modo, la Sala estableció que la acción de nulidad contra actos particulares procede únicamente cuando la anulación del acto no implica el restablecimiento automático de un derecho particular y concreto, pues en caso contrario la acción seria subjetiva, cuya vía legal es la de nulidad y restablecimiento del derecho.

Con base a lo anterior, la Sala determinó que en el caso concreto la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de simple nulidad, pues el objetivo que evidencia la parte demandante es un interés indirecto respecto al acto acusado. Esto, pues la acción esta dirigida a atacar de forma individual y concreta la parte del acto administrativo que le afecta directamente, a saber, la prestación del servicio de transporte a cargo de la empresa Expre-Belmira, en la que comparte parcialmente un corredor.

Por lo tanto, debido a que en el caso concreto no se presenta la hipótesis de demandar un acto administrativo para que desaparezcan sus efectos jurídicos, si no una intención adicional consistente en restablecer un derecho subjetivo es evidente que la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho.

Con lo cual, la Sala procede a confirmar la sentencia de primera instancia.

 

Fuente: Ver Sentencia

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