Consejo de Estado sentó jurisprudencia sobre el requisito de coherencia de las sanciones impuestas en liquidaciones oficiales

Consejo de Estado sentó jurisprudencia sobre el requisito de coherencia de las sanciones impuestas en liquidaciones oficiales

Con ocasión de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por un contribuyente en contra de una liquidación oficial de revisión, la Sección Cuarta del Consejo de Estado sentó jurisprudencia con relación al requisito de coherencia de las sanciones impuestas en liquidaciones oficiales.

Consideraciones del Consejo de Estado

En primer término la Sección Cuarta recordó que la Sala Plena del Consejo de Estado, al distinguir los conceptos de “sentar” y “unificar” previstos en el artículo 271 del CPAC, ha señalado que

[l]a primera hipótesis apareja la novedad del asunto a discutir o, por lo menos, la inexistencia de un pronunciamiento previo por parte del órgano de cierre; mientras que la segunda, en cambio, tiene como presupuesto la existencia de pronunciamientos que encierran posiciones divergentes sobre un mismo tema, que ameritan una decisión que zanje las diferencias existentes en aras de dar coherencia a la jurisprudencia y garantizar la igualdad y la seguridad jurídica en las sucesivas decisiones judiciales.

Así las cosas la Sección Cuarta advirtió que “ante la inexistencia de pronunciamientos de la Corporación en relación con la coherencia que deben guardar las sanciones impuestas en liquidaciones oficiales con el proceso de determinación, es necesario sentar jurisprudencia sobre dicho aspecto”.

Las sanciones impuestas en liquidaciones oficiales se deben ajustar al proceso de determinación

El artículo 637 del E.T. dispone que «Las sanciones podrán imponerse mediante resolución independiente, o en las respectivas liquidaciones oficiales». Conforme con la anterior disposición, las sanciones impuestas en resolución independiente se rigen por la normativa que regula el procedimiento sancionatorio, mientras las establecidas en «las respectivas liquidaciones oficiales», se deben ajustar al proceso de determinación. En este último caso, la sanción requiere la existencia de un proceso de determinación que culmine con la expedición de una liquidación oficial (de revisión o de aforo, según el caso), que contenga los requisitos del artículo 712 del Estatuto Tributario, entre los que se encuentra la determinación del «periodo gravable a que corresponda», de las «Bases de cuantificación del tributo», del «monto de los tributos y sanciones a cargo del contribuyente», y «la explicación sumaria de las modificaciones efectuadas, en lo concerniente a la declaración».

Por ello, las sanciones impuestas en liquidaciones oficiales deben guardar coherencia con el proceso de determinación, al corresponder al tributo en discusión, periodo, bases de cuantificación y monto del gravamen cuando afecten la base de imposición, sin que pierdan independencia, pues se originan en hechos sancionables diferentes de los que motivan la determinación oficial de los tributos.

A la luz de lo anterior la Sala estableció las siguientes reglas:

1.- Las sanciones aplicadas en procesos de determinación requieren, además del cumplimiento de los supuestos normativos previstos para su imposición, de la expedición de una liquidación oficial.

2.- Las sanciones establecidas en procesos de determinación deben coincidir con el tributo, periodo, bases de cuantificación y monto del gravamen, cuando afecten la base de imposición.

Dichas reglas, precisó la Sección Cuarta,

rigen para los trámites pendientes de resolver en sede administrativa y judicial. No podrán aplicarse a conflictos decididos con antelación.

Consulte aquí el documento: CE-SEC4-EXP2020-N24264_01405-01_AP-_20200903

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