Consejo Superior de la Judicatura prorroga suspensión de términos judiciales y amplía excepciones

Consejo Superior de la Judicatura prorroga suspensión de términos judiciales y amplía excepciones

Hasta el 24 de mayo de 2020 el Consejo Superior de la Judicatura prorrogó la suspensión de términos al interior de la Rama Judicial, así como la restricción de acceso a las sedes judiciales, por cuenta de la emergencia desatada por el COVID-19.

Excepciones a la suspensión de términos

El Acuerdo emitido por el Consejo Superior de la Judicatura mantiene las siguientes excepciones a la suspensión de términos:

En materia constitucional

  1. Acciones de tutela y habeas corpus. La recepción de estas acciones se realizará mediante correo electrónico o el canal que se disponga para ese efecto.
  2. Las actuaciones que adelante la Corte Constitucional con ocasión de la expedición de decretos por el Presidente de la República en ejercicio de las funciones del artículo 215 de la Constitución Política.

En materia contencioso administrativa

  1. Las actuaciones que adelanten el Consejo de Estado y los tribunales administrativos, con ocasión del control inmediato de legalidad.
  2. Las actuaciones relativas a los medios de control de nulidad por inconstitucionalidad y nulidad contra los actos administrativos expedidos desde la declaratoria de emergencia sanitaria.
  3. La aprobación o improbación de las conciliaciones extrajudiciales que estuvieran pendientes de decisión en juzgados y tribunales administrativos al 16 de marzo de 2020
  4. Todos los medios de control establecidos en la Ley 1437 de 2011 cuando los procesos se encuentren para dictar sentencia, en primera, segunda o única instancia, así como sus aclaraciones o adiciones.

En materia disciplinaria

  1. Los procesos regidos por las leyes 734 de 2002 y 1123 de 2007 que se encuentren para fallo.
  2. Los conflictos de competencia de diferentes jurisdicciones de cualquier materia.

En materia civil

  1. Trámite de autos que resuelven el recurso de apelación de los proferidos en primera instancia.
  2. La emisión de sentencias anticipadas y las que deban proferirse por escrito si ya está anunciado el sentido del fallo, en procesos de primera y única instancia.
  3. El proceso de restitución de tierras con excepción de las diligencias que no puedan realizarse de forma virtual.
  4. Procesos de adopción, medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar, restablecimiento de derechos, entre otros.

En materia laboral

  1. Procesos relacionados con la pensión de sobrevivientes, cuando haya interés de adultos mayores y/o de menores de edad.
  2. Todos los procesos que tengan solicitud de persona en condición de discapacidad.
  3. Procesos escriturales de fuero sindical pendientes de resolveer la segunda instancia
  4. Reconocimiento de la pensión de vejez.
  5. Incrementos, reajustes y retroactivos pensionales, auxilios funerarios, reconocimiento de intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993, y reconocimiento y reliquidación de indemnización sustitutiva, ante jueces de pequeñas causas laborales.
  6. Procesos escriturales.
Uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones

El Acuerdo adoptado ordena medidas tendientes al uso de las TIC’s frente a los procesos en los cuales no opere la suspensión de términos:

  • Los jueces utilizarán preferencialmente los medios tecnológicos para todas las actuaciones, comunicaciones, notificaciones, audiencias y diligencias, y permitirán a las partes, abogados, terceros e intervinientes actuar en los procesos mediante los medios tecnológicos disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades físicas innecesarias.
  • Los memoriales y demás comunicaciones podrán ser enviados o recibidos por correo electrónico evitando presentaciones o autenticaciones personales o adicionales de algún tipo. En la medida de lo posible se usará el formato PDF para los documentos escritos enviados o recibidos por medios electrónicos.
  • Las partes, abogados, terceros e intervinientes en los procesos judiciales o administrativos deberán suministrar la dirección de correo electrónico para recibir comunicaciones y notificaciones. Los abogados litigantes inscritos en el Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura deberán registrar y/o actualizar su cuenta de correo electrónico, de conformidad con las directrices que emita el Consejo Superior a través de la Unidad de Registro Nacional de Abogados.

Consulte aquí el documento: Consejo Superior de la Judicatura, Acuerdo 20200507

 

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