Corte Constitucional declara inexequible el proyecto de ley que pretendía modificar el número de semanas para la pensión de las mujeres

Corte Constitucional declara inexequible el proyecto de ley que pretendía modificar el número de semanas para la pensión de las mujeres

Luego que el Gobierno Nacional objetara por razones de inconstitucionalidad el Proyecto de Ley 205 de 2016 Senado – 094 de 2015 Cámara, “por medio del cual se modifica el número de semanas por cotizar para acceder a la pensión por parte de las mujeres”, la Corte Constitucional declaró su inexequibilidad.

El Presidente de la República y el Ministro de Hacienda y Crédito Público formularon tres tipos de cuestionamientos, todos fundados en razones de inconstitucionalidad: (i) primero, el acto normativo no contó con el aval gubernamental requerido por el artículo 154 de la Carta Política; (ii) segundo, las medidas desconocen la sostenibilidad financiera del sistema pensional, al disponer una disminución en el recaudo de cotizaciones en el régimen de prima media y un incremento en las cargas prestacionales, sin que se hubiera contemplado una fuente alternativa de financiación; (iii) tercero, la creación de un privilegio sobre del número mínimo de semanas de cotización para la consolidación del derecho pensional en favor de un grupo determinado sin la adopción correlativa de medidas que permitan reducir su impacto financiero, constituye una violación de los principios de solidaridad y eficiencia, en tanto impone cargas excesivas a los demás afiliados al RPM que también están en condiciones de debilidad y aun así asumen las cargas necesarias para garantizar el acceso a sus prestaciones en condiciones técnicas de sostenibilidad financiera.

Consideraciones de la Corte

La Corte concluyó en primera medida que los reparos por el desconocimiento de la exigencia del aval gubernamental debían prosperar. A la conclusión anterior se arribó al considerar, primero, que según el artículo 154 de la Carta Política las medidas legislativas que disponen la exención de tributos deben ser de iniciativa gubernamental o en su defecto del aval del Ejecutivo, segundo, que el proyecto de ley estaba sometido a esta exigencia, y tercero, que la misma no fue atendida por el Congreso.

El citado proyecto de ley dispone que las mujeres adquieren el derecho a la pensión de vejez cuando cotizan, no las 1.300 semanas que en general se requiere según la Ley 100 de 1993, sino únicamente 1.150 semanas. Se trata entonces una medida que recae sobre los aportes individuales al sistema pensional, esto es, sobre una contribución parafiscal como modalidad especial de tributo en el que concurren los elementos de obligatoriedad, singularidad y destinación sectorial, según ha reconocido este tribunal.

Frente a esta modalidad de contribución parafiscal, el proyecto de ley consagró una exención, en tanto que, por vía de reconfigurar las exigencias sustantivas para acceder al derecho a la pensión para un grupo de personas, lo liberó de una carga tributaria; de esta suerte, aunque la normatividad demandada no modificó directamente los elementos de la obligación tributaria a cargo de los trabajadores dependientes e independientes, pues el hecho, la base gravable y la tarifa se mantienen en los mismos términos, de manera indirecta sí liberó parcialmente a un conjunto de mujeres de este gravamen, al permitirles acceder a la pensión de vejez con 1.150 semanas de cotización, y no las 1.300 que se requieren de manera general.

El máximo tribunal constitucional señaló que el alcance de la intervención gubernamental en los procesos legislativos debe establecerse en función del objetivo del constituyente de robustecer los procesos de deliberación en los asuntos que, como este, tienen la mayor envergadura dentro de la organización política, para que sean objeto de un análisis cualificado por parte de instancias técnicas especializadas, en lineamiento con los principios que deben irradiar el sistema pensional, en los términos del artículo 48 de la Carta Política.

Pese a la exigencia anterior, el proyecto de ley fue de iniciativa de algunos congresistas y no del Ejecutivo, y, una vez iniciado el trámite de aprobación legislativa, el gobierno no sólo no avaló las medidas allí contenidas, sino que también se opuso abierta, expresa y directamente durante el procedimiento de aprobación de la ley.

En la medida en que el vicio anterior es insubsanable, la Corte resolvió declarar la inconstitucionalidad del proyecto de ley, sin entrar a analizar las objeciones por el desconocimiento de los principios de sostenibilidad financiera, y de equidad, solidaridad, universalidad y eficiencia del sistema pensional.

Consulte aquí el comunicado: C-2020-N0349_OP-160_Comunicado_Sala_Plena_20200826-Pension-Mujeres

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