Corte Constitucional explica protección laboral de prepensionados en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad

Corte Constitucional explica protección laboral de prepensionados en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad

La Corte Constitucional tuvo ocasión de pronunciarse sobre el particular al proferir la sentencia T-055 de 2020, sentencia en la cual se estudió el caso de dos trabajadores quienes alegaban la condición de prepensionados y cuyos respectivos contratos de obra fueron dados por terminados.

El máximo tribunal recordó, en primer lugar, su línea jurisprudencial relativa a la condición de prepensionado y la garantía de estabilidad labora reforzada que les asiste, bajo el Régimen de Prima Media con Prestación Definida. En ese sentido señaló que solo aquellas personas que estén a tres años menos de cumplir la edad y semanadas cotizadas (i), o aquellas personas que estén a tres años o menos de completar las semanas cotizadas y ya cuenten con la edad tienen la condición de prepensionados.

La Corte recordó que su jurisprudencia ya ha contemplado la posibilidad de que aquellas personas que coticen al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad puedan ser considerados como prepensionados. En tal evento, sostiene la Corte Constitucional, “dado que los requisitos para acceder a la prestación de vejez en ese sistema son sustancialmente distintos, la valoración que haga el juez constitucional respecto a la aplicación de la estabilidad laboral reforzada para ese tipo de afiliados debe tener en cuenta ese presupuesto. De manera que podrá gozar de la calidad referida quien se encuentre a tres años o menos de alcanzar el monto mínimo previsto para acreditar el derecho o, acudiendo a la analogía con lo dispuesto para los afiliados al Régimen de Prima Media, quien esté a tres años o menos de completar las semanas que le permitan ser beneficiario de la garantía de la pensión mínima”.

Aun con ello el máximo juez constitucional aclaró que la estabilidad laboral reforzada predicable a los prepensionados no puede ser entendida en términos absolutos, siendo necesario analizar “la naturaleza del vínculo y el contexto de la terminación contractual”.

En conclusión, recuerda la Corte, “cuando una persona acuda a la acción de tutela con el objeto de lograr su reintegro a una función que prestaba en vigencia de un contrato de obra o labor, alegando para ello estar cerca de cumplir los requisitos exigidos por la ley para acceder a su pensión de vejez, corresponderá al juez constitucional verificar: (i) si cumple, en efecto, con la condición de prepensionada, y (ii) si la desvinculación acaeció por la finalización cierta y efectiva de la obra para la cual fue contratada, o, al contrario, esta aún se mantiene vigente”.

Consulte aquí la providencia: Corte Constitucional, T-2020-N0055_T-7068958_Sentencia_20200217

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