Corte Constitucional precisa reglas de la estabilidad laboral reforzada por situación de debilidad manifiesta por razones de salud

Corte Constitucional precisa reglas de la estabilidad laboral reforzada por situación de debilidad manifiesta por razones de salud

A través de un pronunciamiento en sede de tutela, en donde se analizó el despido sin justa causa de un trabajador que fue desvinculado luego de habérsele diagnosticado problemas en la columna vertebral, la Corte Constitucional precisó las reglas jurisprudenciales de la estabilidad laboral reforzada por situación de debilidad manifiesta por razones de salud.

Consideraciones de la Corte Constitucional

Luego de hacer un recuento jurisprudencial sobre la materia, el máximo tribunal constitucional reiteró las siguientes reglas:

i) las condiciones de discapacidad no podrán ser un obstáculo para la vinculación de una trabajador, salvo que se demuestre una incompatibilidad insuperable en el cargo que va a desempeñar; ii) ninguna persona que se encuentre en dicho estado puede ser retirado del servicio por razón de su limitación; sin embargo, el empleador debe tener conocimiento de tal situación; iii) quien fuere despedido prescindiendo de la autorización del inspector del trabajo tendrá derecho a una indemnización equivalente a 180 días de salario, sin perjuicio de que el trabajador pueda reclamar la ineficacia del despido.

Aunado a lo anterior la Corte precisó que la estabilidad laboral reforzada:

i) representa para el empleador que conoce del estado de salud del trabajador un deber que se concreta en reubicarlo atribuyéndole otras labores;

ii) si en lugar de reasignarle funciones lo despide, se presume que la desvinculación se fundó en la condición del trabajador, y, por consiguiente;

iii) dicha determinación se torna ineficaz;

iv) No obstante, el trabajador puede ser despedido cuando se configure una causal objetiva para la terminación del contrato la cual debe ser avalada por el inspector de trabajo.

En aplicación de las reglas referidas, esta corporación en numerosas oportunidades ha protegido el derecho a la estabilidad estableciendo diferentes formas para su garantía según lo establecido en la Ley 361 de 1997. Estas decisiones han comprendido el caso de los trabajadores desvinculados cuando padecen de afectaciones de salud que dificultan sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares.

De esta manera concluye la Corte Constitucional que

cuando un trabajador ve disminuida su capacidad laboral en razón de su estado de salud tiene, prima facie, el derecho a conservar su puesto de trabajo o a ser reubicado acorde a sus condiciones. Sin embargo, de ser imposible dicha reubicación, el empleador debe solicitar al Ministerio de Trabajo autorización para el despido. De lo contrario se presume que la terminación del vínculo contractual obedeció a las condiciones de salud de la persona generando la ineficacia de esa decisión. En caso de no existir tal autorización, se activa la protección consistente en el reintegro laboral, el pago de salarios y prestaciones sociales, la cancelación de cotizaciones al sistema general de salud y pensiones, y la indemnización a que hubiere lugar.

Consulte aquí el documento: T-2020-N0273_T-7619198_Sentencia_20200731

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