Corte Constitucional recuerda aplicación de los principios de proporcionalidad y razonabilidad en la imposición de multas

Corte Constitucional recuerda aplicación de los principios de proporcionalidad y razonabilidad en la imposición de multas

La Corte Constitucional conoció del caso de un particular al cual la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC- le había impuesto tardíamente una multa, generándose intereses y gastos administrativos adicionales.

El problema jurídico a ser resuelto fue planteado así por la Corte:

¿La SIC vulneró el derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de Ever Prado Guerrero, al tardar cuatrocientos setenta y nueve (479) días para proferir la providencia con la que le impuso una multa por cincuenta millones cuatrocientos ochenta mil ochocientos cincuenta y dos pesos ($50.480.852), más el pago de intereses sobre esa suma, los cuales continúan generándose, más gastos administrativos?

Consideraciones de la Corte Constitucional

Ocupó especial atención de la Sala el estudio de la multa impuesta por la SIC al ciudadano tutelante. Ello en la medida en que

si bien la finalidad de la multa prevista en el literal 11 del artículo 58 es generar una cultura de respeto a los derechos de los consumidores a través de la imposición de sanciones a los productores de bienes y servicios que incumplan sus obligaciones con los consumidores, bajo las circunstancias del caso concreto la medida resulta desproporcionada para alcanzar esa finalidad, pues significaría un sacrificio excesivo de los derechos del actor (…).

Así las cosas, para la Corte Constitucional la SIC, luego de liquidar la multa, debió percatarse de que el monto de la misma resultaba abiertamente desproporcional; es decir, significaba un sacrificio excesivo de los derechos del actor con relación a la finalidad de la norma, teniendo en cuenta las circunstancias singulares del caso concreto.

La Sala destacó que la facultad de imponer la multa en este caso concreto “no es obligatoria sino postestativa”. De ahí que la SIC cuente con el margen legal para decidir si impone o no la multa.

En efecto, en dicha norma [refiriéndose al artículo 58 de la Ley 1480 de 2011] el legislador no usó el verbo imperativo “impondrá”, sino la palabra “podrá”:

11. En caso de incumplimiento de la orden impartida en la sentencia o de una conciliación o transacción realizadas en legal forma, la Superintendencia Industria y Comercio podrá:

a) Sancionar con una multa sucesiva a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio, equivalente a la séptima parte de un salario mínimo legal mensual vigente por cada día de retardo en el incumplimiento (Negrilla fuera del texto).

De esta manera el máximo tribunal constitucional concluyó que para el caso bajo examen

la SIC pudo haber motivado dicho auto con base a los principios de proporcionalidad y razonabilidad para usar su facultad potestativa de no imponer la multa, conforme lo prescribe el numeral 11 del artículo 58 del Estatuto del Consumidor Posteriormente, con el objeto de asegurar el cumplimiento de la finalidad de la norma y con fundamento en la persistencia del incumplimiento en el pago de la obligación pactada en el acuerdo de transacción, la SIC pudo reiniciar el trámite ajustado a los términos procesales del artículo 120 del CGP y a partir de allí obtener una sanción pecuniaria con una multa razonable y proporcional.

En consecuencia, la Corte le ordenó a la SIC que liquide nuevamente el valor de la multa, con base al número total de días que resulten de sumar: (i) los dieciséis (16) días calendario que debió tomar para dictar el auto con el requerimiento de pago y el número de días calendario que tarde en expedir el auto de reemplazo, que se reitera, no podrá superar el término de 10 días hábiles contados desde la notificación de la sentencia. 

Consulte aquí el documento: https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2020/T-364-20.htm