Corte Suprema analiza procedencia de correos electrónicos como pruebas admisibles en materia laboral

Situación fáctica: En la sentencia del 23 de octubre de 2019 (M.P. Martin Emilio Beltrán Quintero), la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvió un recurso de casación interpuesto por Buckman Laboratories S.A contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali con referencia al proceso ordinario laboral instaurado por Leonel Mondragón contra Buckman Laboratories S.A con sucursal en Colombia.

La demanda tenía por objeto que se declarara que con las sociedades demandadas existió un contrato de trabajo, y que debido a ello se le adeudan al demandante el auxilio de cesantía por el tiempo laborado, la prima de servicios proporcional, las vacaciones y los salarios correspondientes a 21 días de trabajo, indemnización por despido sin justa causa, e indemnización moratoria.

Asimismo, solicito que se declarara la no cancelación de los salarios y prestaciones sociales correspondientes y que la sociedad demandada no afilió al trabajador al sistema de seguridad social integral, por lo que es procedente amparar el derecho a la pensión sanción.

Por otra parte, la sociedad demandada manifestó que el demandante se desempeñó como mandatario, al cual le fue encomendado representar legalmente a la sociedad dentro de la sucursal ubicada en Colombia, lo cual hace que en ningún momento surgiera una relación laboral entre las partes, ya que sus facultades se enmarcaron en un encargo que le permitía actuar en nombre y representación de la entidad demandada.

En primera instancia, el fallador declaró que entre el demandante y el demandado existió una relación de trabajo verbal y a termino indefinido, el cual fue terminado sin justa causa por parte del empleador. En ese sentido, condenó a la sociedad demandada a pagarle al trabajador las sumas adeudadas por concepto de las prestaciones referidas anteriormente.

En segunda instancia, el fallador confirmo íntegramente el fallo de primera instancia.

Fundamento jurídico: En sede de casación, la parte demandada adujo que se cometieron errores de hecho y de valoración probatoria en la sentencia de instancia, con fundamento en que no se dio por probado que el demandante se desempeñó como agente comercial si no como trabajador, lo cual no se demostró, así como que el trabajador no se encontraba bajo subordinación de la entidad demandada.

Entre las pruebas que enlistó como mal valoradas, se encontraba un correo electrónico. Frente a esta, el recurrente manifestó que el análisis probatorio de este material implicó un otorgamiento de excesiva credibilidad, pues no debían tener peso alguno para tomar la decisión en este caso.

Al respecto, estableció que el fallador en segunda instancia recurrió a un correo electrónico aportado por el demandante, el cual no prueba la relación laboral y mucho menos la existencia de un salario. Concluyó que el tribunal no tuvo en cuenta que los correos no fueron emitidos por una persona que tuviera la capacidad de obligar a la empresa demandada, y tampoco que la difusión de correos electrónicos tiene estrecha relación con el derecho a la intimidad. Frente a esto, el recurrente afirmó que cuando dichos correos se obtienen sin el consentimiento de la otra parte existe una vulneración del derecho fundamental a la intimidad, lo cual torna la prueba en ilícita.

Por tal razón, consideró el recurrente que el correo electrónico no debía tener valor probatorio alguno dentro del proceso, pues no sirve para corroborar nada en especifico frente a la relación laboral, y aún más, se trata de una prueba ilícita.

Respecto a este cargo, la Sala considera que debido a que la integridad del documento electrónico es un requisito esencial para que éste pueda tener plena validez jurídica (art. 7 de la Ley 527 de 1999), lo que se cuestiona de los correos es su validez probatoria. Por lo que, debido a que el aspecto que se cuestiona de dicha prueba es un aspecto jurídico, el cargo contra dicha prueba debió presentarse por vía directa o de puro derecho. Por lo que, la Sala considera que es un tema que no puede ser asumido por ella, al haberse orientado el cargo por vía de los hechos.

Para fundamentar lo anterior, la Sala recurrió a sentencias pasadas, en las cuales se ha establecido que cuando lo que se cuestiona es la validez de la prueba por la forma en que fue producida e incorporada al proceso, lo que se debe reclamar en sede de casación es la violación de las normas procesales que gobiernan dicha actividad como medio para infringir una ley sustancial, lo cual debe hacerse por vía de puro derecho y no por vía de hecho.

Con todo, la Sala concluye que

 

“En este ataque el correo electrónico en específico denunciado como erróneamente apreciado no fue objetado o desconocido por la parte demandada, quien, frente al mismo, no elevó reparo alguno sobre su autenticidad, referida al originador del correo, el contenido de este y su destinatario; en consecuencia, en este caso en particular, se procederá a su valoración como documento auténtico y, por ende, apto para estructurar yerros por la senda fáctica.”

 

Por lo cual, en los casos en los que no esté en discusión la procedencia de los correos electrónicos, estos pueden ser usados como pruebas hábiles y admisibles en sede de casación laboral.

 

Fuente: Ver Sentencia

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