Corte Suprema: jueces laborales no están sometidos a tarifa legal, pues pueden recurrir a la sana critica y al otorgamiento de credibilidad a unas pruebas sobre otras.

Situación fáctica: En la Sentencia del 16 de octubre de 2019, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvió un recurso de casación interpuesto por la Administradora del Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A. contra la sentencia proferida por la Sala Cuarta Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario que instauró Natalia Acevedo en nombre propio y en representación de sus hijas menores Stefania y Valeria Zuleta Acevedo contra la sociedad recurrente, en el que se declaró que la sociedad demandada debía pagarle a las demandantes la pensión de sobrevivientes.

En segunda instancia, se falló a favor de las demandantes, reconociendo el pago de la pensión de sobrevivientes, al encontrar cumplido el requisito de las semanas cotizadas para acceder a dicha pensión, y modificó la decisión del fallador de primera instancia en el sentido de exigir a la entidad administradora de pensiones el pago de intereses moratorios por no cumplir con los tiempos exigidos para realizar el pago de las mesadas pensionales.

Fundamento jurídico: Para recurrir la sentencia de segunda instancia, la parte demandada adujo que hubo una deficiente valoración de pruebas por parte del fallador, al tener como ciertas las semanas cotizadas por el causante. En ese sentido, sostuvo que el juzgador partió de un supuesto equivocado de que la relación laboral entre el causante y el empleador fue ininterrumpida, y que el causante cumplió con cotizar las semanas correspondientes, cuando en realidad las pruebas demuestran que no fue así.

Para fallar, la Sala de casación determinó que el problema jurídico a resolver era indicar si el Tribunal se equivoco desde el punto de vista factico, al considerar cumplido el requisito de cotizaciones previsto por la norma aplicable para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Para esto, menciona que las pruebas acusadas de mal apreciadas son:

  • Historial de aportes del causante: el accionante manifiesta que esta fue mal apreciada, aduciendo que el causante solo cotizo 27 semanas durante los últimos 3 años anteriores a su deceso. Para la Sala, el documento fue valorado adecuadamente porque tuvo en cuenta que el causante cotizó para tres empleadores, dando como resultado que cumpliera con el requisito del numero de semanas requeridas para la pensión de sobrevivientes.

 

  • Certificación expedida por uno de los empleadores del causante, en la que hizo constar que éste último ingreso a laborar mediante un contrato de 3 meses y se retiró después de 2 años. Frente a esta prueba, la Sala consideró que ésta lograba probar que hubo una relación laboral, pero que en todo caso este material probatorio no es una prueba apta de forma principal para fundar un cargo de casación por vía directa.
  • Carta dirigida a uno de los empleadores del causante, por parte de la esposa de este último, en la que manifestó los periodos en los cuales el causante no realizó aporte para pensión a ninguna entidad.

Frente a esta prueba, que para la parte recurrente se constituye como una confesión, la Sala consideró que la valoración de esta prueba provino de la sana critica del fallador, por lo que la carta no le ofreció la credibilidad suficiente, a comparación de las pruebas documentales igualmente presentadas que sí permitían desvirtuar las afirmaciones dadas en el interrogatorio de parte.

Luego, la Sala sostuvo que los administradores de justicia de instancia no cuentan con tarifa legal al momento de valorar el material probatorio, en la medida en que pueden fundamentar su decisión en los «elementos probatorios que le merezcan mayor persuasión y credibilidad, ya sea en forma prevalente o excluyente de lo que surja entre una u otra prueba, sin que esa escogencia razonada configure la comisión de un yerro fáctico. Lo cual ocurrió en este caso, cuando el fallador le restó credibilidad a la carta.

Con todo, la Sala decidió no casar la sentencia impugnada, otorgando así la pensión de sobrevivientes a la parte demandante.

Fuente: Ver Sentencia

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21 Comentarios

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