Criterios de desempate de la contratación estatal deben establecerse previamente y constituyen un límite a la discrecionalidad administrativa

Criterios de desempate de la contratación estatal deben establecerse previamente y constituyen un límite a la discrecionalidad administrativa

Dado que la selección objetiva es uno de los principios medulares de la contratación estatal, Colombia Compra Eficiente señaló que la selección del futuro contratista no puede motivarse en razones subjetivas que afecten la imparcialidad de la entidad pública.

Así lo determina el primer inciso del artículo 5 de la Ley 1.150 de 2007, indicando que es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. Además, la norma agrega que los factores de escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta criterios como la experiencia y la capacidad jurídica, financiera y de organización, entre otros elementos que garanticen la escogencia de la mejor opción de negocio para la entidad estatal.

Ahora bien, la entidad añadió que ni siquiera los casos de empate limitan el alcance de la selección objetiva en la contratación estatal. Por el contrario, en estos supuestos también debe mantenerse indemne tal postulado. Por tal razón, el desempate no puede propiciarse acudiendo arbitrariamente a consideraciones subjetivas que no estén amparadas en el ordenamiento jurídico sino que deben aplicarse los factores permitidos por las disposiciones normativas que regulan esta materia.

Precisamente, dentro de dichas disposiciones se halla el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020. La jurisprudencia comparte la idea de que los criterios de desempate deben estar establecidos de antemano y constituyen un límite a la discrecionalidad administrativa en los procedimientos de selección. En tal sentido, la Corte Constitucional explica que cuando la ley establece factores de desempate obligatorios, las entidades estatales no pueden inaplicarlos, porque ello podría vulnerar el principio de igualdad, especialmente, cuando algunos de estos criterios surgen como acciones afirmativas para ciertos sectores de la población. Es más, según el Consejo de Estado, ir en contra de los factores de desempate establecidos expresamente genera la nulidad del contrato, conforme al artículo 44, inciso 1º de la Ley 80 de 1993

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