¿Cuál es el salario mínimo a ser aplicado de cara a la imposición de sanciones administrativas?

¿Cuál es el salario mínimo a ser aplicado de cara a la imposición de sanciones administrativas?

El Ministerio del Trabajo conoció de una consulta planteada por un particular con relación a “la aplicación de sanciones con base en el salario mínimo legal mensual vigente”.

Consideraciones del Ministerio del Trabajo

La cartera ministerial advirtió de entrada, con total claridad, que

cuando la Administración, en uso de sus facultades legales, impone la sanción, sea en materia de Riesgos Laborales o en cumplimiento de las funciones de Inspección, Vigilancia y Control, lo debe hacer con base en el salario mínimo legal mensual vigente, al momento de la ocurrencia de los hechos que dan origen a la sanción. Ello basado en los principios del Derecho Punitivo Administrativo, en donde existe identidad ontológica entre penas y sanciones administrativas siendo admisible constitucionalmente, especialmente en aplicación del principio de favorabilidad al Administrado, aplicando principios de tipicidad, antijuridicidad, y culpabilidad de donde proviene la tasación de la sanción, debido a que pueden presentarse causales [de] exculpación de la responsabilidad.

El Ministerio explicó que en ausencia al “vacío jurídico en el Derecho Administrativo Punitivo” sobre el tema en cuestión se deben aplicar analógicamente los principios propios del Derecho Penal.

[La] Analogía del Derecho Penal sancionador y el Administrativo sancionador, con identidad modulada de las categorías penal y administrativa punitiva, se hace factible para llenar los vacíos de la ley.

Sumado a lo anterior el Ministerio del Trabajo recordó que el Consejo de Estado, en la sentencia con expediente 15392, señaló con precisión que

la disposición con base en la cual se impone la sanción administrativa es la vigente en la época de ocurrencia de los hechos y que la norma que consagra una conducta irregular y cuantifica una sanción, que es sustancial, rige hacia el futuro, es decir, para conductas que ocurran después de la vigencia de la ley.

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