Cuando se impongan sanciones por inexactitud en declaraciones tributarias, aplica la norma más favorable en cuanto a dicha imposición.

Situación fáctica: Mediante la Sentencia del 14 de agosto de 2019 (C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto), la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió un recurso de apelación interpuesto por una sociedad contra una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el cual negó las pretensiones de la sociedad demandante y condenó en costas a la parte actora.

Los hechos de la demanda versan sobre una declaración del impuesto sobre las ventas presentada por la sociedad demandante, en la cual registró un valor de $360.849.000, que corresponde a la suma de un salgo a favor del periodo fiscal anterior, el IVA retenido en operaciones con régimen simplificado y el saldo a favor del periodo declarado.

Luego, la sociedad presentó una solicitud de devolución del saldo a favor, por el saldo registrado en la declaración. Así, la División de Gestión de Recaudo de la DIAN profirió la Resolución de Devolución mediante la cual ordenó devolver la suma solicitada. Luego, la Dirección Seccional de Impuestos de Cúcuta formuló un requerimiento contra la sociedad, en la cual propuso modificar la liquidación privada, desconociendo las compras y servicios gravados, y por concepto de impuesto descontables. En ese sentido, consideró que no se comprobó la realización de las transacciones con los proveedores de la sociedad, por lo que procedió a imponer sanción contra dicha sociedad por un valor de $576.565.000.

Fundamento jurídico: Mediante la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por la parte demandante, se pretendía declarar la nulidad de la liquidación que impuso la Dirección Seccional mencionada anteriormente, y que se ordenara a la DIAN declarar procedente la solicitud de devolución de saldos.

En concreto, la sociedad demandante manifestó que se vulneró su derecho al debido proceso, teniendo en cuenta que los hallazgos y pruebas que recaudó la DIAN para desconocer las compras gravadas provienen de los proveedores, y por tanto no tiene la facultad de subsanarlas o controvertirlas, al ser irregularidades que son de responsabilidad de los terceros y no del contribuyente.

Así, la sociedad demandante resaltó que los proveedores cuestionados por la administración no son ficticios, ya que dentro del proceso se encuentran debidamente identificados. Asimismo, afirmó que de acuerdo al articulo 788 del Estatuto Tributario, la sociedad cumplió con el deber de demostrar las circunstancias que la hicieron acreedora al beneficio de la exención del IVA, y que actuó de manera diligente y de buena fe al exponer ante la autoridad fiscal las facturas de compra y venta, y los comprobantes de las operaciones.

En ese sentido, la parte demandante afirmó que la administración no valoró correctamente los medios de prueba aportados, desconociendo el principio según el cual las pruebas deben ser analizadas en conjunto. Por último, afirmó que la sanción no es procedente, ya que las compras e impuestos descontables declarados son reales.

La Sala consideró que, con base en el acervo probatorio, se observa que el total de compras y servicios gravados que fueron desconocidos por la DIAN y los impuestos descontables asociados son el resultado de las operaciones realizadas con los presuntos proveedores. En ese sentido, las pruebas desvirtúan la realidad de las operaciones de compra de cueros, de las cuales se derivan los impuestos descontables.

Por lo anterior, la Sala concluyó que el acervo probatorio, consistente en visitas y cruces de información, fue desvirtuada la realidad de las supuestas operaciones de compras gravadas declaradas, de las cuales se derivan los impuestos descontables que solicita la contribuyente. Así, no fue posible verificar que las operaciones realizadas con los proveedores investigados fueran reales, debido a que la demandante se limito a fundamentar la nulidad de los actos acusados sin entrar a argumentar suficientemente ni aportar los medios de prueba necesarios para desconocer las compras y los impuestos descontables.

Con todo, la Sala encontró que existen elementos probatorios que permiten demostrar que las operaciones declaradas por la sociedad demandante no son reales, y en esa medida es posible afirmar que dichas compras u operaciones no existieron, haciendo procedente el desconocimiento del impuesto descontable. Por lo que, debido a la simulación de operaciones para obtener un beneficio tributario realizada por la sociedad demandante, la Sala consideró procedente rechazar las transacciones y la procedencia de los impuestos descontables declarados.

Por último, con fundamento en el articulo 647 del Estatuto Tributario, la Sala consideró procedente imponer la sanción por inexactitud a la sociedad demandante, al incluir en la declaración del IVA compras inexistentes que dieron lugar a impuestos descontables improcedentes.

Con base a la imposición de dicha sanción, la Sala aclaró que, en materia tributaria, mediante el articulo 282 de la Ley 1819 de 2016 modificatoria del articulo 640 del Estatuto Tributario, el principio de favorabilidad aplica para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley favorable sea posterior. De lo cual se colige que, debido a que la sanción por inexactitud consagrada en el articulo 647 del Estatuto Tributario fue modificada por la Ley 1819 de 2016 y establece una sanción mas favorable (consolidó una disminución del valor del 160% del valor anterior al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar y el declarado por el contribuyente), es procedente aplicar el principio de favorabilidad en el caso concreto.

Por lo que, en materia tributaria, se aplica en el caso concreto la sanción mas favorable al contribuyente, es decir, la del 100% y no la del 160%. Con lo cual, se revoca la sentencia apelada, en el sentido de declarar la nulidad parcial de los actos demandados por el cambio en el valor de la sanción por inexactitud.

 

Fuente: Ver Sentencia

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