El Consejo de Estado mantiene sanción impuesta al Hospital San Ignacio, al considerar la indebida escogencia de la acción

El Consejo de Estado mantiene sanción impuesta al Hospital San Ignacio, al considerar la indebida escogencia de la acción

Al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Consejo de Estado confirmó la sanción impuesta al Hospital San Ignacio por haber desconocido obligaciones frente al aborto.

La sanción en comento había sido impuesta por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, por haber desconocido el Hospital San Ignacio las siguientes normas: artículo 153 de la Ley 100 de 1993; numeral 9 del artículo 185; numerales 1 y 2 del artículo 3 del Decreto 1011 de 2006; Resolución 4905 de 2006; artículo 2 y artículo 5 del Decreto 4444 de 2006.

Dentro del trámite de la primera instancia el Tribunal de Cundinamarca estimó caduca la acción, por cuanto el término de cuatro meses propio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho había vencido. Frente a tal situación el Hospital San Ignacio, entidad demandante en este caso, consideró que la acción procedente era la de nulidad simple.

[L]a parte demandante manifestó su desacuerdo con la sentencia proferida en primera instancia, debido a que la acción procedente era la nulidad, en razón a que: i) no está pretendiendo el restablecimiento del derecho; y ii) se trata de un tema de impacto social al tratarse de la interrupción voluntaria de un embarazo.

Consideraciones del Consejo de Estado

La Sección Primera fue precisa al recordar que

la acción de nulidad se persigue la defensa de legalidad y del orden jurídico en abstracto y, con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se busca no sólo la defensa del ordenamiento jurídico, sino el resarcimiento de un derecho subjetivo lesionado por la expedición de un acto administrativo.

Asimismo, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho solo puede ser invocada por la persona que crea que ha sido lesionada; es decir, por el titular del derecho y dentro de un término establecido; a diferencia de la acción de nulidad que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo.

Cuando se pretende cuestionar un acto administrativo de contenido particular y concreto, por regla general recordó la Sala, la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho y, cuando se tratan de actos administrativos de carácter general, la acción adecuada para cuestionar la legalidad es la de nulidad.

Pese a lo anterior

esta Corporación de manera reiterada y uniforme ha considerado que, además de los casos expresamente previstos en la ley, la acción de simple nulidad también procede, excepcionalmente, en contra de los actos administrativos particulares y concretos, cuando la situación de carácter individual comporte un interés para la comunidad de tal importancia que vaya aparejado con el afán de legalidad, situaciones en las cuales, por ende, la sentencia produciría efectos respecto de la restauración del orden jurídico en abstracto, esto es, no conllevaría consigo el restablecimiento del derecho subjetivo que pueda haberse producido31; planteamiento que corresponde a la teoría de los móviles y las finalidades, que ha sido decantada por la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Así las cosas la jurisprudencia del Consejo de Estado relativa a que se pueda cuestionar un acto administrativo de carácter particular a través de la acción de nulidad,

se supedita al hecho de no estar presente un restablecimiento automático con la anulación que se persigue.

Con fundamento en estas consideraciones, y de cara a la situación fáctica en concreto, el Consejo de Estado concluyó que:

le asiste razón al a quo, debido a que de prosperar la demanda, la consecuencia de la nulidad de los actos administrativos acusados sería la exoneración del pago de la multa impuesta o la devolución en caso de haber sido pagada; por lo que es evidente que se desprende un restablecimiento automático del derecho.

En ese orden, la demanda debió ser tramitada a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, habida cuenta que de la eventual declaratoria de nulidad de los actos administrativos acusados se desprende un restablecimiento automático del derecho.

Consulte aquí el documento: CE-SEC1-EXP2020-N00228-01_Nulidad-Simple_20201120-Sancion-San-Ignacio-IVE