Consejo de Estado afirma que entidades estatales no están facultadas para imponer multas por incumplimiento de contratos bajo la Ley 80 de 1993.

Situación fáctica: Mediante sentencia del 4 de junio de 2019 de la Sección Tercera (Subsección B) de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (C.P. Ramiro Pazos Guerrero), se resolvió una acción de controversias contractuales interpuesta por Salamanca Alimentación Industrial S.A (en adelante “SAI”) contra el Municipio de Medellín, la cual había sido objeto de recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual negó las pretensiones de la demanda. En concreto, SAI solicitó que el Tribunal declarara la nulidad de unas resoluciones por medio de las cuales se declaró el incumplimiento contractual de SAI y se le impuso el pago de una multa, a causa de un presunto incumplimiento en la prestación del servicio de alimentación, nutricional y de apoyo social a estudiantes de Medellín.

Fundamento jurídico: Dado lo anterior y la desestimación del recurso de reposición interpuesto por SAI contra la primera decisión, la parte demandante alude que el ente territorial desconoció el debido proceso constitucional, al imponer una multa sin tener competencia para ello, dado que el actual estatuto de contratación no prevé la posibilidad de multar al contratista por concepto de incumplimientos contractuales.

El Tribunal de Antioquia niega las pretensiones de la demanda, en primera instancia, con base a la potestad de autotutela declarativa para aclarar que la administración sí puede imponer multas por causa de incumplimientos contractuales. Asimismo, adujo que la expedición de actos administrativos sancionatorios se dio de acuerdo al debido proceso, por lo que no existe vulneración de este derecho en el caso concreto. 

En segunda instancia, el caso sube a consideración del Consejo de Estado, el cual procede a resolver si el municipio de Medellín tenía competencia para imponer multas por incumplimiento de las obligaciones derivadas de un acuerdo contractual. Frente a esto, adujo que, en efecto, el municipio de Medellín carece de competencia para imponer multas, pese a que en el contrato suscrito entre las partes se manifiesta que la entidad tiene la facultad de multar al contratista mediante acto administrativo. En efecto, pese a que antes de la Ley 80 de 1993 las partes tenían la facultad de pactar cláusulas de multas, con la nueva Ley el pacto de multas en el contrato no asigna per se la facultad de declarar e imponer multas por parte de la entidad contratante contra el contratista, pues con la expedición de la Ley 80 desapareció dicha facultad abiertamente discrecional.

Por lo tanto, la Sala concluye que el municipio carecía de competencia para imponer multas, lo cual es independiente o no se ve afectado por el pacto de una cláusula entre las partes que estableciera dicha obligación unilateral en cabeza de la entidad. Esto, pues en virtud del principio de legalidad, la autonomía de la voluntad no puede ser contraria a las normas de orden público. En consecuencia, la Sala decide revocar la sentencia de primera instancia para declarar la nulidad de los actos administrativos contentivos de la multa contra el contratista, al ser expedidos por la entidad contratante sin tener competencia para ello. 

Fuente: Sentencia del 4 de junio de 2019 de la Sección Tercera (Subsección B) de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (C.P. Ramiro Pazos Guerrero).  Proceso número: 05001-23-31-000-2007-00005-01(44210). Demandante: Salamanca Alimentación Industrial S.A. Demandado:             Municipio de Medellín. Acción: Controversias contractuales.

Sentencia Consejo de Estado

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