En materia tributaria, actos que se limiten a indicar la calificación acogida por la administración sin señalar las razones de la decisión podrán incurrir en motivación insuficiente

En materia tributaria, actos que se limiten a indicar la calificación acogida por la administración sin señalar las razones de la decisión podrán incurrir en motivación insuficiente

Al estudiar la motivación como uno de los elementos esenciales del acto administrativo la Sección Cuarta del Consejo de Estado manifestó que la falta de motivación que indique al contribuyente las circunstancias de hecho que originan la base de cuantificación de la obligación a su cargo podría constituir insuficiencia de este requisito.

[L]a Sala ha advertido que cuando el acto administrativo se dirige a calificar supuestos de hecho, como en efecto ocurre en la liquidación de obligaciones tributarias, la motivación es insuficiente si el acto se limita a indicar la calificación acogida por la administración, sin señalar las razones que propiciaron esa conclusión. Si ello sucede, se obstaculiza la defensa del interesado, que desconoce a qué obedece a ciencia cierta la determinación adoptada por la autoridad; al tiempo que se impide, por falta de elementos de juicio, el control de legalidad que el juez debe ejercer sobre los actos acusados.

En términos puntuales, la jurisprudencia de esta Sección ha considerado que una pauta adecuada para determinar si la motivación de liquidaciones tributarias es suficiente, consiste en verificar si de la lectura de la decisión y de sus antecedentes el destinatario del acto y quien ejerce el control de legalidad pueden inferir las razones precisas y concretas por las que se determinó oficiosamente la deuda y todas las circunstancias esenciales que permitan entender tal decisión y su alcance (…)

De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluyó que la liquidación oficial demandada está viciada de nulidad por falta de motivación, toda vez que no expresó las circunstancias de hecho con fundamento en las cuales se aplicó una base gravable y una tarifa especial para determinar el impuesto de alumbrado público a cargo de la actora. Así, la entidad demandada vulneró el derecho al debido proceso de la parte demandante, porque obstaculizó el ejercicio de una adecuada contradicción de las decisiones adoptadas.

Consulte aquí el documento: CE-SEC4-EXP2020-N23180_01477-01_Nulidad-Restab_20200507

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