¿Es válido el traslado de pruebas en materia administrativo tributaria? Esto dice el Consejo de Estado

¿Es válido el traslado de pruebas en materia administrativo tributaria? Esto dice el Consejo de Estado

Al analizar en sede de apelación una presunta vulneración al debido proceso al haber efectuado la DIAN el traslado de pruebas de un expediente administrativo a otro, la Sección Cuarta del Consejo de Estado recordó su posición jurisprudencial frente al traslado de pruebas en materia administrativo tributaria.

Para la demandante en este caso resultaba “improcedente desconocer el valor de las compras e impuestos descontables con fundamento en pruebas recaudadas en otro expediente administrativo del impuesto de renta en el que se desconocieron costos de venta”.

Consideraciones del Consejo de Estado

La Sección Cuarta inició recordando que a la luz de su jurisprudencia

es válido el traslado y la valoración de las pruebas practicadas por la administración tributaria en otros procesos de fiscalización distintos con el fin de determinar la veracidad de los hechos debatidos en el que es objeto de discusión, siempre y cuando se trate de las mismas circunstancias fácticas.

El criterio expuesto por el máximo tribunal de lo contencioso administrativo va más allá, pues ha afirmado la validez de los medios probatorios que se recauden respecto a terceros:

El propósito de practicar pruebas sobre varias vigencias gravables y no en una específica, es que las mismas puedan ser utilizadas en las demás investigaciones que se le sigan al contribuyente, sin necesidad de producirlas nuevamente en cada período; actuación que se encuentra en concordancia con el principio de economía procesal.

Esa situación no vulnera el principio de non bis in ídem porque cada investigación se dirige a los hechos acaecidos en el período gravable correspondiente.

Por eso, el hecho de que la prueba hubiere sido practicada en procesos de determinación de IVA de otros períodos no la hace incompatible con el presente asunto, porque se repite, ese acervo probatorio comprende el análisis de las operaciones de compra de chatarra que durante el 2º bimestre de 2010, realizó el contribuyente WFC con los proveedores aquí analizados.

Así las cosas, para remitir esas pruebas a este expediente no era necesario que se realizara en copia auténtica o que se requiriera al señor AC, por cuanto las mismas se practicaron en los procesos de fiscalización seguidos contra el mismo contribuyente, y comprenden las compras realizadas en el período discutido y, por tanto, el contribuyente tenía conocimiento de las mismas.

A la luz de estas consideraciones, de cara a la situación fáctica analizada el Consejo de Estado encontró que “las pruebas practicadas dentro del expediente de renta 2012 adelantado contra la demandante, conciernen a los mismos presupuestos fácticos que tuvieron como objeto determinar las operaciones económicas de compra de textiles con sus proveedores durante el periodo gravable”. 

De manera que por economía procesal, no se requería nuevamente su práctica y recaudo dentro del proceso de fiscalización de IVA, pues las pruebas podían ser objeto de traslado y valoración dentro de cada expediente administrativo de manera independiente sin que ello vulnere el debido proceso de la demandante.

Además, con la notificación del requerimiento especial y la liquidación oficial de revisión la demandante conoció los documentos que soportaban la investigación de la DIAN y las actuaciones que esta llevó a cabo para verificar la exactitud de la declaración, razón por la cual pudo ejercer su derecho de defensa y contradicción, como en efecto lo hizo.

Consulte aquí el documento: CE S3 – prueba trasladada – HM