Exequible obligación de compras de energía de fuentes no convencionales para agentes comercializadores del mercado de energía mayorista

Exequible obligación de compras de energía de fuentes no convencionales para agentes comercializadores del mercado de energía mayorista

La Corte Constitucional decidió sobre la inexequibilidad del artículo 296 de la Ley 1955 de 2019, la cual, en criterio del demandante, vulneraba: (i) el principio de reserva de ley, (ii) la potestad reglamentaria del Presidente, (iii) el derecho a la igualdad y a la libre de competencia de los comercializadores mayoristas y los generadores de fuentes convencionales, (iv) el derecho a la libertad de empresa y la iniciativa privada y (v) la finalidad social y el mandato de prestación eficiente de los servicios públicos.

Consideraciones de la Corte Constitucional

Frente al primer cargo -la supuesta violación del principio de reserva de ley- la Corte reconoció que el artículo 296 del PND versa sobre materias que, en abstracto, están sujetas a la reserva de ley aplicable a la regulación de los servicios públicos y el ejercicio de las libertades económicas por parte de los particulares que concurren a su prestación. Sin embargo, concluyó que dicha disposición no desconoce la reserva legal aplicable a estas materias, por cuanto: (i) define los elementos esenciales de la obligación de compra de energía, (ii) ordena al MinMinas reglamentar aspectos técnicos y operativos referentes a la modalidad de cumplimiento de dicha obligación y (iii) fija criterios inteligibles y reglas mínimas que orientan la labor de regulación a cargo del MinMinas.

Sobre el segundo cargo, relacionado con el desconocimiento de la potestad reglamentaria del Presidente de la República, la Corporación encontró que el artículo 296 del PND no desconoce la potestad reglamentaria del Presidente (arts. 189 y 370 de la CP), por tres razones:

Primero, la Corte Constitucional ha sostenido que el legislador está facultado para atribuir potestad de regulación administrativa a los ministros de forma directa en materias que estén dentro del ámbito de sus competencias. Segundo, la orden de reglamentar, que el inciso 2 de la norma demandada impone al MinMinas, (i) no supone un desplazamiento de la potestad reglamentaria del Presidente en materia de servicios públicos a este ministerio y (ii) no limita la potestad del Presidente de vincular a otras autoridades administrativas en el proceso de reglamentación de la obligación de compra. Tercero, la norma demandada no desconoce las reglas sobre atribución de potestad de regulación administrativa a los ministros, ni el carácter residual y subsidiario de esta potestad.

Y en cuanto a los demás cargos, por vulneración al derecho a la igualdad, la libre competencia, la libertad de empresa y la libertad contractual, la Corte constató que la obligación de compra de energía limitaba el ejercicio de las libertades económicas del MEM; sin embargo, a partir de la aplicación de un test débil de proporcionalidad, resolvió que estas limitaciones se encontraban justificadas y eran compatibles con la Constitución. Lo anterior porque la norma demandada persigue finalidades que no están prohibidas por la Constitución y, además, justifican la intervención del Estado en la economía de acuerdo con lo previsto por los artículos 333 y 334 superiores, a saber: (i) fomentar el desarrollo empresarial, (ii) aumentar la competencia y eficiencia en los mercados, y (iii) proteger el medio ambiente. Finalmente, la Sala concluyó que el sistema de cuota de compra que la norma instituye es un medio idóneo para alcanzar estas finalidades.

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