Existencia de justa causa legal faculta el despido de trabajadores en situación de discapacidad, sin que sea obligatorio acudir al inspector del trabajo

Existencia de justa causa legal faculta el despido de trabajadores en situación de discapacidad, sin que sea obligatorio acudir al inspector del trabajo

En una reciente sentencia, en la que la Corte Suprema de Justicia conoció de la demanda de un trabajador que buscaba “su reintegro al mismo cargo o a otro de igual o superior categoría, y en consecuencia, [el] pago de los salarios dejados de percibir desde el despido ilegal” , la Sala de Casación Laboral explicó que

no es cierto que el despido de una persona en situación de discapacidad sea ineficaz sin importar la razón que alegue el empleador, solo porque este se abstenga de solicitar la autorización de la autoridad administrativa del trabajo, tal como equivocadamente lo pregona la censura.

La Corte señaló que la garantía fundamental de estabilidad e igualdad de personas en situación de discapacidad protege al trabajador frente a la conducta discriminatoria del empleador que ponga en peligro su vinculación laboral, mas no supone su perpetuación en el empleo cuando haya incurrido en alguna de las justas causas contempladas como tal en la legislación laboral. Al respecto, la sentencia CSJ SL1360-2018  explicó que las normas que protegen a los trabajadores con discapacidad se proyectan en las relaciones laborales en diferentes fases y, fundamentalmente, tienen como objetivo promover la inclusión y participación de estos, y  evitar que los ámbitos laborales sean espacios de segregación, exclusión y distinción.

De esta manera, la disposición que protege al trabajador con discapacidad en la fase de la extinción del vínculo laboral tiene la finalidad de salvaguardar su estabilidad frente a comportamientos discriminatorios, es decir, aquellos que tienen como propósito o efecto su exclusión del empleo fundado en su deficiencia física, sensorial o mental. Por el contrario, las decisiones motivadas en un principio de razón objetiva son legítimas en orden a dar por concluida la relación de trabajo. Esto se deriva del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pues

claramente, en ese precepto no se prohíbe el despido del trabajador en situación de discapacidad, lo que se sanciona es que tal acto esté precedido de un criterio discriminatorio. Nótese que allí se dispone que «ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación», lo que, contrario sensu, quiere decir que si el motivo no es su estado biológico, fisiológico o psíquico, el resguardo no opera.

Por lo anterior, la Sala concluyó que la invocación de una justa causa legal excluye que la ruptura del vínculo laboral esté basada en el prejuicio de la discapacidad del trabajador. Por tanto, no es obligatorio acudir al inspector del trabajo, pues quien alega una justa causa de despido se soporta en una razón objetiva.

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