Hechos consignados en las declaraciones tributarias y en sus correcciones gozan de presunción de veracidad

Hechos consignados en las declaraciones tributarias y en sus correcciones gozan de presunción de veracidad

Así lo recordó la Sección Cuarta del Consejo de Estado al conocer de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido en contra de una liquidación oficial de revisión proferida por la DIAN.

En este caso en particular el problema jurídico se centró en establecer el valor probatorio de los registros y soportes contables obrantes en el proceso, a efectos de acreditar una serie de inversiones deducibles a favor de la sociedad contribuyente que demandó la liquidación anotada.

Consideraciones del Consejo de Estado

La Sala centro su análisis a la luz de lo dispuesto por el artículo 746 del Estatuto Tributario, el cual establece:

«Se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas a requerimientos administrativos, siempre y cuando que sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial, ni la ley la exija».

Esta norma establece una presunción de veracidad predicable de las declaraciones y correcciones que emanen del contribuyente -cuando no se haya solicitado sobre aquellas una comprobación especial o lo exija la ley-. Aun con ello, precisó la Sección Cuarta,

[l]a presunción de veracidad admite prueba en contrario y la autoridad fiscal, para asegurar el «efectivo cumplimiento de las normas sustanciales», puede desvirtuarla mediante el ejercicio de las facultades de fiscalización e investigación previstas en el artículo 684 del Estatuto Tributario.

Desde esa perspectiva, añade el Consejo de Estado, la carga probatoria para desvirtuar la veracidad de las declaraciones tributarias y las respuestas a los requerimientos corresponde, en principio, a la autoridad tributaria, salvo cuando se solicitan comprobaciones especiales sobre los hechos declarados o cuando la ley las exige; tal es el caso de las deducciones, para cuya procedencia el artículo 771-2 del ET exige las facturas o documentos equivalentes.

Y es que, en el marco del régimen probatorio fiscal, la determinación de tributos debe fundarse en los hechos que aparezcan probados en el expediente, por los medios establecidos en las leyes tributarias y en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto fueren compatibles con los previstos en las primeras (art. 742 ib), dependiendo, claro está, de su idoneidad, la cual, a la luz del artículo 743 ejusdem, se condiciona a que dichos medios cumplan las exigencias legales para demostrar determinados hechos o de la mayor o menor conexión que tengan con lo que buscan probar y del valor de convencimiento que pueda atribuírseles de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

Por lo demás, la Sección Cuarta del máximo tribunal de lo contencioso administrativo recalcó que

en la prueba contable una unidad conformada por libros, los comprobantes externos e internos y todos los documentos que tengan relación directa con los registros contables; y el artículo 774, a su vez, estableció “la suficiencia” de los libros de contabilidad siempre que se encuentren registrados, cuenten con comprobantes internos y externos, reflejen completamente la situación del contribuyente y no hayan sido desvirtuados por medios de prueba directos o indirectos permitidos en la ley.

Consulte aquí el documento: CE-SEC4-EXP2020-N23194_00986-01_Nulidad-Restab_20200521

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