La Corte Constitucional declara inexequible el artículo de la Ley de Financiamiento que regulaba el impuesto nacional al consumo de bienes inmuebles.

Situación fáctica: Mediante el Comunicado No. 48 del 5 de diciembre de 2019, la Corte Constitucional hizo un recuento de lo resuelto en la Sentencia C-593 de 2019 (Cristina Pardo Schlesinger), mediante la cual se resolvió la acción publica de inconstitucionalidad presentada contra el articulo 21 de la Ley 1943 de 2018 o Ley de Financiamiento.

Fundamento jurídico: El artículo 21 hace referencia al impuesto nacional por el consumo de bienes inmuebles, el cual establece que:

El impuesto nacional al consumo tiene como hecho generador la enajenación, a cualquier título, de bienes inmuebles diferentes a predios rurales destinados a actividades agropecuarias, nuevos o usados, cuyo valor supere las 26.800 UVT, incluidas las realizadas mediante las cesiones de derechos fiduciarios o fondos que no coticen en bolsa.

El responsable del impuesto es el vendedor o cedente de los bienes inmuebles sujetos al impuesto nacional al consumo. El impuesto será recaudado en su totalidad mediante el mecanismo de retención en la fuente. La retención aquí prevista deberá cancelarse previamente a la enajenación del bien inmueble, y presentar comprobante de pago ante el notario o administrador de la fiducia, fondo de capital privado o fondo de inversión colectiva.

La tarifa aplicable será del dos por ciento (2%) sobre la totalidad del precio de venta.

PARÁGRAFO 1o. Este impuesto, cuya causación es instantánea, no podrá tratarse como impuesto descontable, ni como gasto deducible, pero hará parte del costo del inmueble para el comprador.

PARÁGRAFO 2o. Para efectos de este artículo, se entienden por actividades agropecuarias aquellas señaladas en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), Sección A, división 01, adoptada en Colombia mediante Resolución de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

PARÁGRAFO 3o. El impuesto consagrado en el presente artículo no será aplicable a las enajenaciones, a cualquier título, de predios destinados a la ejecución de proyectos de vivienda de interés social y/o prioritario.

PARÁGRAFO 4o. Quedan exentos de la tarifa aplicable señalada en presente artículo todos aquellos bienes que se adquieran a cualquier título destinados para equipamientos colectivos de interés público social. Siempre y cuando el comprador sea una entidad estatal o una entidad sin ánimo de lucro que cumpla los requisitos para tener derecho al régimen tributario especial y que el bien se dedique y utilice exclusivamente a los proyectos sociales y actividades meritorias.

Los demandantes de la norma sostuvieron que la norma demandada era contraria al principio de legalidad del tributo, pues no define el sujeto pasivo ni la base gravable del tributo, pese a que la Corte consideró que el sujeto pasivo era determinable, con base a que la norma establece que el responsable del tributo es el vendedor o cedente de los bienes inmuebles sujetos al impuesto. En ese sentido, los demandantes consideraron que, si bien la norma define el hecho generador en términos generales como la enajenación del inmueble a cualquier título, no precisa cual es la base gravable, la cual tampoco es determinable pues no resulta claro si fuera del “precio de venta” la base gravable era el avalúo catastral, el comercial, el precio de la donación para efectos fiscales, o el avalúo comercial.

Al respecto, la Corte decidió declarar inexequible la norma demandada, al considerar que, al establecer el impuesto al consumo de bienes inmuebles, el legislador definió como hecho generador la enajenación de bienes inmuebles a cualquier título, pero no definió la base gravable del tributo para casos de enajenación distintas a la compraventa. En ese sentido, también afirmó la Corte que la norma vulneraba los principios de equidad tributaria y la capacidad económica de los contribuyentes, al establecer que el pago del impuesto debía pagarse antes de que se perfeccionara el negocio jurídico. Resaltó, además, que, si bien el legislador puede gravar de forma anticipada ciertos hechos en virtud del principio de eficiencia tributaria, éste no puede exponer a las personas a cancelar la totalidad de un impuesto alto como el estudiado, cuando ello las expone a contingencias jurídicas, tales como el no perfeccionamiento del negocio jurídico que da origen a la enajenación.

 

Ver Comunicado #48

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