La DIAN se pronuncia sobre la obligación de expedir factura de venta en operaciones derivadas de la celebración de convenios

La DIAN se pronuncia sobre la obligación de expedir factura de venta en operaciones derivadas de la celebración de convenios

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- fue consultada con relación a la obligación de expedir factura en el marco de convenios interinstitucionales.

Consideraciones de la DIAN

A efectos de absolver la consulta planteada la entidad recordó que

la obligación de facturar recae sobre todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a éstas, o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, independientemente de su calidad de contribuyentes o no del impuesto sobre las ventas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 615 del Estatuto Tributario, así como en las operaciones que se realicen con comerciantes, importadores, prestadores de servicios o en las ventas a consumidores finales (Artículo 616-1 ibídem).

Por tal razón la obligación de facturar es independiente a la calidad de contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios y no depende de la causación del impuesto sobre las ventas -IVA-.

En consecuencia, la obligación de facturar recae sobre todos los sujetos que efectúen operaciones de venta o prestación de servicios, estando excluidos de la misma únicamente los sujetos y operaciones dispuestos en el artículo 616-2 del Estatuto Tributario y el artículo 1.6.1.4.3 del Decreto 1625 de 2016.

En este sentido, se informa que los sistemas de facturación vigentes son: i) factura de venta y ii) documentos equivalentes, así lo dispone el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, precisando que se considera factura de venta para todos los efectos, la factura de talonario o de papel y la factura electrónica, siendo ésta última la modalidad preferente.

Frente a los convenios interinstitucionales la DIAN, recordando lo manifestado en un concepto del 2014, señaló que

si las actividades derivadas del convenio celebrado no tienen la calidad de venta o prestación de servicio de acuerdo con lo previamente explicado, como es el mero desembolso de un aporte, no serán objeto de la obligación de facturar dicho aporte.

No obstante, si la ejecución de cualquier actividad derivada de las obligaciones del convenio causa la venta de bienes o prestación de servicios, existe la obligación de facturar (Art. 615 ET), ya que como se explicó previamente, la exigencia de dicha obligación depende de que se trate de operaciones de venta o prestación de servicios, para lo cual, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1625 de 2016 (sustituido parcialmente por el Decreto 358 de 2020) y la Resolución No. 000042 de 2020.

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