Mujeres divorciadas por causa de violencia intrafamiliar podrían acceder a pensión de sobrevivientes de su expareja

Mujeres divorciadas por causa de violencia intrafamiliar podrían acceder a pensión de sobrevivientes de su expareja

Así lo señaló la Corte Suprema de Justicia la estudiar el caso de una mujer que reclamaba la pensión de sobreviviente de su expareja, de la cual se había divorciado producto de la violencia intrafamiliar que padeció. La mujer que reclamaba el derecho pensional se dedicó, durante el período de convivencia, exclusivamente al cuidado del hogar mientras su esposo trabajó en la Caja Agraria.

Reconocimiento de la construcción conjunta de la pensión en los casos del trabajo no remunerado de la mujer

Dentro de sus consideraciones la Sala Laboral precisó que, conforme a su jurisprudencia, se concede la prestación pensional “demostrando 5 años de convivencia en cualquier tiempo aunque el cónyuge supérstite no cohabite con el causante al momento del fallecimiento”.

Para la Corte ello representa un equilibrio en la realidad de la pareja que por lo menos durante 5 años de convivencia matrimonial conformó un proyecto de vida,

[…] y coadyuvó con su compañía a que se construyera la pensión, de modo que no era posible dejarla sin amparo, máxime cuando la incorporación, en el caso de las mujeres, al mercado laboral, fue tardía, amén de que se les relegó históricamente no remunerado o a labores periféricas sin el cubrimiento del sistema general de seguridad social, por tanto avocadas al desamparo. (CSJ, 13 de marzo de 2012, radicado 45038).

Aunado a lo anterior, indicó la Sala, la jurisprudencia reconoce la contribución de la mujer en la construcción de la pensión a partir del trabajo no remunerado. Analizar el reconocimiento de una prestación sin tener en consideración esto, sería injusto, al perpetuar los arreglos institucionales actuales que para ellas hacen más esquivas las prestaciones dada «[…] la acumulación de los trabajos productivo y reproductivo, fenómeno que se ha conocido en la literatura de género como doble jornada».

Ello supone un contrapeso al papel del derecho en la construcción del trabajo doméstico y de cuidado, en su reglamentación indirecta, como un deber de las mujeres, natural a sus condiciones de vida, construyendo la identidad femenina, mediante dispositivos que califican su existencia con patrones de debilidad y de dependencia, estandarizando y naturalizando que la mujer tenga un perfil específico ligado a las labores del hogar y atención de otros.

El divorcio por violencia intrafamiliar

En lo que toca a la institución del divorcio, la Corte Suprema de Justicia destacó en este caso “las consecuencias económicas relativas a la manutención con posterioridad a la separación o divorcio”. Frente a ello la Sala manifestó que “el derecho no siempre ha sido un instrumento eficiente para enfrentar las desigualdades entre hombres y mujeres; y en cuanto a la acción protectora del Sistema de Seguridad Social, la figura de la pensión de sobrevivientes en Colombia lo ilustra muy bien30, al no contar con un régimen jurídico que regule la prestación en casos de divorcios y nulidades matrimoniales, mucho menos cuando ocurren en contextos de violencia contra la mujer”.

En estos eventos una aplicación restringida de los requisitos para conceder la pensión pueden terminar por revictimizar a quien es más vulnerable, pues precisamente por las particularidades que se derivan del maltrato, no siempre es posible cumplirlas, sobre todo si las mujeres interrumpen la convivencia o terminan el vínculo jurídico con su pareja para proteger su vida.

Bajo este raciocinio la Corte fue categórica al señalar que

si el juez [laboral] pasa por alto la denuncia de maltrato efectuada por una mujer, y realiza una aplicación formalista de la norma, desconoce los compromisos internacionales adquiridos y la función social que se espera del administrador de justicia desde su creación, reforzada en la Constitución Política de 1991, máxime cuando se está en presencia de la jurisdicción laboral.

Aun con lo anterior la Sala Laboral reconoció quea pesar de la evolución en la regulación de la pensión de sobrevivientes, “el legislador no ha abordado el supuesto de las mujeres víctimas de violencia de género, al menos no desde la óptica del reconocimiento de prestaciones económicas derivadas de la seguridad social. Incluso, la legislación ha sido más incluyente con los derechos pensionales de las parejas del mismo sexo, que en casos como el presente en el cual, una ex cónyuge víctima de violencia persiste en la convivencia, demuestra solidaridad y le brinda cuidado en la enfermedad a quien fue su pareja matrimonial durante 48 años”.

Ello no obstó para que la Corte, atendiendo a una interpretación sistemática y progresiva del ordenamiento jurídico colombiano, concluyera que

la impugnante conoció solo una opción de vida posible: la de cuidar a su familia y en especial de un esposo agresor y violento hasta su lecho de muerte,aún cuandoéste intentaracomo última agresión dejarla en la pobreza en su ancianidad, tratando de obstaculizar el acceso a los beneficios pensionales a los que hubiera tenido derecho después de tantos años.

Esto se concluye de la conducta del fallecido que después de crear la apariencia de divorcio y evaporar los bienes del matrimonio, continuó recibiendo los cuidados de su compañera, como si lo anterior no hubiera ocurrido. Lo anterior para esta Sala constituye una nueva forma de violencia económica ejercida contra la impugante.

Mal haría la Sala sosteniendo esta apariencia cuando los hechos acreditan una convivencia y las circunstancias la explican, más allá del título con que se ejerciera. En estos casos, se espera que el juez siga una doctrina humanizadora, que como se vio, no ha sido ajena a otras decisiones de esta Corte en situaciones donde la aplicación rígida de la ley, produciría resultados desmedidos y de alguna forma injustos.

Conforme con todo lo anterior, se verifica el error del Tribunal, que en caso de tolerarse, representaría una violencia institucional por parte de la administración de justicia.

Consulte aquí la decisión: Corte_Suprema_de_Justicia_CSJ-SCL-EXP2020-N53547_Auto_20200317

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