No es posible que las entidades territoriales creen tasas por la expedición del formulario para la liquidación y pago del impuesto a vehículos

No es posible que las entidades territoriales creen tasas por la expedición del formulario para la liquidación y pago del impuesto a vehículos

Así lo recordó con precisión la Sección Cuarta del Consejo de Estado al estudiar la legalidad de un aparte de la Ordenanza 397 del 18 de diciembre de 2014, en el que la Asamblea del departamento del Valle del Cauca estableció “una «tasa» denominada «Derechos de sistematización de la información del Impuesto sobre vehículos automotores»”.

Consideraciones del Consejo de Estado

Para arribar a tal conclusión y decretar la nulidad del aparte normativo mencionado, la Sección Cuarta del Consejo de Estado realizó un breve recuento de la facultades que en materia tributaria han sido atribuidas a las entidades territoriales.

A la luz de lo dispuesto en la Constitución Política de 1991, recordó la Sección Cuarta,

los departamentos —y demás entes territoriales— cuentan con autonomía para la gestión de sus intereses, lo cual implica la potestad para administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Por esa razón, el artículo 338 ibidem les reconoce potestad normativa para regular sus tributos, disposición que debe interpretarse de conformidad y armonía con lo previsto por los artículos 287 y 300 de la Constitución, según los cuales el ámbito de autonomía de los departamentos se sujeta a «los límites de la Constitución y la ley».

Bajo esta premisa constitucional en Colombia existe una suerte de “co-legislación en la que el régimen de cada figura tributaria territorial concreta se determine con la intervención del Estado, a través de la ley, y del ente territorial, mediante ordenanza o acuerdo”.

En suma, constitucionalmente no es admisible que existan tributos territoriales regulados completa y exclusivamente por normas locales.

[E]l planteamiento de que la creación ex novo de tributos es una competencia privativa del legislador; de suerte que las potestades tributarias atribuidas a las asambleas departamentales y a los concejos municipales y distritales deben entenderse circunscritas a lo que determine la respectiva ley de creación del tributo territorial.

En definitiva, los límites de la potestad tributaria de los entes territoriales les impiden crear tributos, en sentido estricto. Solo podrán establecerlos en sus respectivas jurisdicciones, a través de sus órganos de representaciónpopular, cuando una ley los haya creado.

Justamente al amparo de esta interpretación constitucional el Consejo de Estado se ha referido sobre los «derechos de sistematización» aquí debatidos, originados con ocasión de la liquidación del impuesto sobre vehículos automotores. A ese propósito el máximo tribunal de lo contencioso administrativo ha reiterado que

«no existe una ley que haya autorizado la creación del gravamen, es claro que el departamento…no tenía competencia para imponerlo en su jurisdicción. De modo que, al establecerlo, la entidad territorial se atribuyó funciones propias del legislador».

De cara al caso analizado la Sección Cuarta concluyó así que el ente territorial -la Asamblea Departamental del Valle del Cauca- no tenía potestades normativas para establecer un gravamen cuyo hecho generador fuera la expedición del formulario para la liquidación y pago del impuesto sobre vehículos automotores.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 23 de junio de 2022.