Normativa del ICA que beneficie a los contribuyentes puede ser aplicada el mismo año gravable en el que se expida

Normativa del ICA que beneficie a los contribuyentes puede ser aplicada el mismo año gravable en el que se expida

Así lo recordó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el marco de una consulta elevada a la entidad por parte de un ente territorial.

Por regla general, recordó en primer término la cartera ministerial, el Impuesto de Industria y Comercio -ICA- es un impuesto de período anual; sólo el Distrito Capital y las ciudades capitales cuentan con autorización legal para establecer un período gravable diferente.

Por tanto, los acuerdos municipales que regulen aspectos sustanciales de dicho impuesto solo pueden aplicarse a partir del año gravable siguiente al del inicio de la vigencia del respectivo acuerdo. Los acuerdos expedidos en 2022 solo podrán aplicarse a partir del año gravable 2023. Ordenar su aplicación respecto del año gravable 2021 resulta una aplicación retroactiva, lo cual es inconstitucional.

La Corte Constitucional en su jurisprudencia ha indicado en los impuestos de período anual, como lo es el ICA, las normas que beneficien a los contribuyentes pueden ser aplicadas para el mismo año gravable en el que se expidan. Así, los acuerdos que se expidan en el año 2022, que en principio aplicarán a partir del año 2023, se podrán aplicar para el año gravable 2022 (cuya declaración se deberá presentar en 2023) si resultan favorables al contribuyente.

Al respecto, la Corte Constitucional ha reconocido que el principio de irretroactividad de la ley tributaria tiene como justificación la defensa del contribuyente frente a la imposición repentina de nuevas o más gravosas cargas. Sin embargo, asume que su aplicación no puede ser absoluta cuando se trate de modificaciones que resulten benéficas al contribuyente acogiendo un carácter eminentemente garantista y, en esa línea ha proferido providencias como la Sentencia C-527 de 1996, en virtud de la cual señaló:

“Si una norma beneficia al contribuyente, evitando que se aumenten sus cargas, en forma general, por razones de justicia y equidad, si puede aplicarse en el mismo período sin quebrantar el artículo 338 de la Constitución. La prohibición contenida en esta norma está encaminada a impedir que se aumenten las cargas del contribuyente, modificando las regulaciones en relación con períodos vencidos o en curso. La razón de la prohibición es elemental: El que el Estado no pueda modificar la tributación con efectos retroactivos, con perjuicio de los contribuyentes de buena fe”

De lo trascrito se infiere que la jurisprudencia de esta Corte, en desarrollo del principio de favorabilidad, mantiene la línea jurisprudencial asumida por la Corte Suprema Justicia con anterioridad a la expedición de la Constitución de 1991, al autorizar la aplicación inmediata de modificaciones que beneficien al contribuyente respecto de los denominados tributos de período, es decir, siempre que los hechos económicos gravados no se hayan consolidado, caso en el cual se está frente al fenómeno de retrospectividad de la ley y no de irretroactividad propiamente dicha, lo cual significa que se deja a salvo la prohibición de aplicación retroactiva de la ley tributaria contenida en el artículo 363 Superior.

La misma Corte Constitucional ha precisado que el artículo 338 de la Constitución Política “constituye ciertamente una regulación exclusivamente dirigida a la imposición de tributos, es decir, al diseño y establecimiento de una carga fiscal, de manera que no es aplicable cuando el legislador pretende, por el contrario, modificar o suprimir tales obligaciones”.

Por lo mismo, las normas que derogan tributos o establecen medidas que eximen o disminuyen tales obligaciones a los contribuyentes, tienen efecto general inmediato y principian a aplicarse a partir de la promulgación de la norma que las establece, salvo, por supuesto, que el legislador expresamente haya establecido reglas específicas para su vigencia.

Ministerio de Hacienda, concepto 033462 de 2022