Omisión de pronunciarse sobre el embargo de un crédito podría generarle al deudor la obligación de responder por aquél

Omisión de pronunciarse sobre el embargo de un crédito podría generarle al deudor la obligación de responder por aquél

Así lo señaló la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia al conocer en sede de tutela de una condena proferida en contra de Ecopetrol al pago del valor del embargo del crédito que tenía con el ejecutado, “a quien no se le comunicaron en el oficio de embargo las consecuencias del incumplimiento de su deber de informar sobre las características de la deuda”. Por tal razón el estudio realizado por la Sala se orientó a determinar la vulneración del debido proceso de la entidad ejecutada.

Consideraciones de la Corte Suprema de Justicia

La Corte estimó pertinente recordar lo dispuesto por el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil, vigente durante los hechos analizados, en lo tocante a los embargos y el procedimiento aplicable:

Para efectuar los embargos se procederá así: (…) 4. El de un crédito u otro derecho semejante, se perfeccionará con la notificación al deudor mediante entrega del correspondiente oficio, en el que se le prevendrá que debe hacer el pago a órdenes del juzgado en la cuenta de depósitos judiciales. Si el deudor se negare a firmar el recibo del oficio, lo hará por él cualquiera persona que presencie el hecho. Al recibir el deudor la notificación, o dentro de los tres días siguientes, deberá informar bajo juramento que se considerará prestado con su firma, acerca de la existencia del crédito, de cuándo se hace exigible, de su valor, de cualquier embargo que con anterioridad se le hubiere comunicado y si se le notificó antes alguna cesión o si la aceptó, con indicación del nombre del cesionario y la fecha de aquélla, so pena de responder por el correspondiente pago y de incurrir en multa de dos a cinco salarios mínimos mensuales, de todo lo cual se le prevendrá en el oficio de embargo (…).

En el contexto de la norma transcrita, recordó la Sala de Casación Civil al amparo de su jurisprudencia, que

el embargo de un crédito queda perfeccionado, y por supuesto produce los efectos que prevé la ley, cuando al deudor se le notifica la medida con la entrega del oficio que reúna los requisitos que dicha disposición señala. Significa, pues, que el perfeccionamiento del embargo del crédito es el efecto de cumplirse los requisitos que dicha norma prescribe, de donde resulta que, si dichos requisitos no se cumplen cabalmente ese efecto no se produce, ni como consecuencia, tampoco los efectos del embargo. Por consiguiente, cuando el ad quem estimó que no obstante no reunirse esos requisitos –entrega del oficio con las prevenciones que la disposición señala– el resultado se había producido, esto es que no obstante faltar el requisito el efecto se obtuvo quedando por ende el crédito embargado, ciertamente aplicó a esa situación de hecho la consecuencia jurídica que no corresponde, porque dicho requisito no podía suplirse con la entrega del oficio citando en éste la regla de derecho.

(…)

Las formas de los actos procesales, entre ellas las de los de comunicación, son imperativas y si es aceptable que la omisión de formalidades no causa ineficacia en cuanto se cumpla el propósito, sí devienen ineficaces si por su omisión el fundamento o ratio legis de las formas se lesiona. Por consiguiente, el embargo de derechos crediticios, para su eficacia en guarda de los derechos del acreedor, como de los del deudor, tiene que perfeccionarse con el cumplimiento de las formalidades que las normas de procedimiento determinan.

De cara a la situación fáctica analizada la Corte fue clara al señalar que

quien –como Ecopetrol S.A.– omita pronunciarse en tiempo sobre el embargo de un crédito del que es deudor, potencialmente podrá responder por el crédito si la referida conducta objetiva causa la frustración efectiva de su cobro. Pero, como sucede en cualquier debate sobre responsabilidad civil, para que ello ocurra, la conducta del agente debe ser el precursor causal del desmedro patrimonial de la parte en cuyo favor se decretó la medida cautelar.

Ello ocasiona que, en casos como el que ahora ocupa la atención de la Sala, la labor de subsunción del juez no pueda circunscribirse a comprobar la omisión del tercero, sino que ha de extenderse a elucidar si tal comportamiento derivó en la efectiva imposibilidad de ejecutar, en todo o en parte, la prestación incumplida por el ejecutado.

De lo contrario, se prohijaría el enriquecimiento injusto o sin causa de los extremos del litigio ejecutivo, y se dislocarían las estructuras fundantes del derecho civil, al permitir el surgimiento de una obligación indemnizatoria superior al perjuicio causado, como si se tratara de un supuesto especial de daño punitivo, que contravendría el principio indemnizatorio que campea en nuestro ordenamiento. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que puedan imponerse al tercero por la desatención a la orden judicial de embargo, las cuales, si son de contenido pecuniario, se decretan en favor de la Nación –no del ejecutante–, y con estricto apego a la pena proporcional prefijada para dichas conductas.

Consulte aquí el documento: CSJ-SCC-EXP2020-N02428-00_STC9057_Tutela_20201120