Pacientes con cáncer cuentan con estabilidad laboral reforzada, sin importar el tipo de relación laboral

Pacientes con cáncer cuentan con estabilidad laboral reforzada, sin importar el tipo de relación laboral

Así lo precisó la Corte Constitucional en un fallo de tutela proferido en sede de revisión. El máximo tribunal constitucional conoció del caso de un trabajador cuyo contrato laboral había sido terminado por el empleador, luego de conocer éste último del cáncer diagnosticado al trabajador.

El trabajador alegó que

al ser desvinculado sin apego a los requisitos legales, ha sido perjudicado en su estado de salud y económicamente pues no cuenta con recursos para sufragar los controles médicos y su tratamiento. Por ello considera que su despido es ineficaz toda vez que su empleador debió obtener primero el permiso del Ministerio del Trabajo para que fuera esta autoridad la que determinara si existía una justa causa para su despido y si ello respondía o no a motivos discriminatorios; al no hacerlo vulneró sus derechos fundamentales. Añadió que aunque no ha sido catalogado como una persona en condición de discapacidad, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que quienes se encuentran en una situación de debilidad manifiesta generada por un evento que afecta su salud, son también titulares de la estabilidad laboral reforzada.

Consideraciones de la Corte Constitucional

Con fundamento en la situación fáctica sometida a conocimiento de la Corte Constitucional, el problema jurídico a ser resuelto fue fijado por el alto tribunal en los siguientes términos:

[L]e corresponde a la Sala Primera de Revisión determinar si Sodexo S.A.S. vulneró el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada del señor Arnaldo de Jesús Pájaro Sequea, por haber finalizado su contrato de trabajo a término definido a pesar de tener conocimiento de que se encontraba en una circunstancia de debilidad manifiesta, a causa de un gioblastoma (tumor maligno en el cerebro) que le había sido diagnosticado previamente. Para el efecto, la Sala reiterará la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la estabilidad laboral reforzada y resolverá el caso concreto.

La jurisprudencia constitucional, dice la Corte, ha señalado que la estabilidad laboral reforzada

se predica de toda persona que presente una afectación en su estado de salud que le impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares, toda vez que esta situación particular puede considerarse como una circunstancia que genera debilidad manifiesta y, en consecuencia, el trabajador puede verse discriminado por ese solo hecho. Lo anterior, con independencia de la vinculación o de la relación laboral.

En términos generales comprende la prerrogativa para el trabajador de permanecer en el empleo y, por consiguiente, obtener los correspondientes beneficios salariales y prestacionales, incluso contra la voluntad del patrono, si no existe una causa relevante que justifique disponer su despido.

Implica lo anterior que a efectos de dar por terminado el vínculo de trabajo de una persona que cuente con estabilidad laboral reforzada “es necesario contar con la autorización de la Oficina del Trabajo pues, de no ser así, dicho acto jurídico es ineficaz”.

En todo caso, además de la autorización de la Oficina del Trabajo, la protección constitucional dependerá siempre de que (i) se establezca que el trabajador realmente se encuentra en una condición de salud que le impida o dificulte significativamente el normal y adecuado desempeño de sus actividades; (ii) que la condición de debilidad manifiesta sea conocida por el empleador en un momento previo al despido; y (iii) que no exista una justificación suficiente para la desvinculación, de manera que sea claro que la misma tiene origen en una discriminación.

En caso de darse el despido en desmedro de lo anterior, señaló la Corte que será deber del juez constitucional

(i) declarar la ineficacia de la terminación o del despido laboral en favor del sujeto protegido, con la consiguiente causación del derecho del demandante a recibir todos los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir en el interregno (desvinculación – reingreso);

(ii) el derecho a ser reintegrado a un cargo u oficio que ofrezca condiciones similares o mejores a las del empleo desempeñado por él hasta su desvinculación, y en el cual no sufra el riesgo de empeorar su estado de salud, sino que esté acorde con su situación; y

(iii) el derecho a recibir capacitación para cumplir con las tareas de su nuevo cargo, si es el caso.

Consulte aquí la providencia: T-2020-N0386_T-7625718_Sentencia_20200903

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