Reconocimiento fiscal de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables pagados en efectivo es una medida constitucional

Reconocimiento fiscal de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables pagados en efectivo es una medida constitucional

Así lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-431 de 2020 a través de la cual se estudió, entre otras, la demanda en contra del artículo 307 (parcial) de la Ley 1819 de 2016 (“[p]or medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dicta otras disposiciones”).

Consideraciones de la Corte Constitucional

La declaratoria de exequibilidad de la norma demandada se fundamentó en cuatro (4) grandes argumentos esgrimidos por el máximo tribunal constitucional:

(i) El Legislador goza de una amplia potestad de configuración en materia tributaria para establecer costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables así como las condiciones para su reconocimiento y, en razón a dicho margen y del carácter preponderantemente sistémico del principio de equidad tributaria, las medidas que establezcan diferenciaciones de trato entre contribuyentes para efectos de ser beneficiarios de las deducciones son, en términos generales, constitucionales. 

(ii) Las diferenciaciones de trato respecto del principio de equidad tributaria, sólo serán contrarias a la Constitución si se comprueba, a través de un test leve de proporcionalidad, que las deducciones afectan el sistema tributario en su integridad al introducir diferenciaciones de trato exageradas, notoriamente discriminatorias y manifiestamente desproporcionadas. Respecto del principio de igualdad, las medidas serán constitucionales siempre que satisfagan un fin constitucionalmente legítimo y puedan considerarse idóneas para alcanzar tales propósitos. 

(iii) No se desconoce el principio de equidad tributaria (arts. 95.9 y 362 de la Carta Política), por cuanto, entre otras, la diferenciación entre los contribuyentes se encuentra en la base del régimen general de las deducciones, y es una diferenciación común en todo el Estatuto Tributario, misma que se encuentra justificada de cara a la necesidad de dotar de eficacia y transparencia al sistema. 

Aunado a lo anterior, la Corte señaló que (iv) la medida relacionada con la limitación al reconocimiento fiscal de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables pagados en efectivo, cuenta con una finalidad legítima en la medida en que garantiza: (a) la eficiencia del sistema, al evitar fenómenos de evasión de tributos; (b) dar transparencia al sistema; y (c) evitar las operaciones de lavado de activos.

Asimismo, es una medida idónea que otorga a todos los contribuyentes la oportunidad de ajustar sus negocios a la norma cuestionada, toda vez que siempre que así lo deseen podrán realizar sus pagos a través del sistema financiero; así como ofrecer un incentivo al permitir una mayor deducción frente a potenciales costos que asuman los contribuyentes que decidan bancarizar sus operaciones. La medida es idónea como lo ha reconocido el Congreso de la República y la Corte Constitucional en sus múltiples pronunciamientos al considerar que la materialización de esa finalidad, esto es, canalizar las operaciones a través del sistema financiero, con ello, se permite un mayor control y transparencia sobre las operaciones que dan lugar a las deducciones y evitar, entre otros, conductas como el lavado de activos.

Consulte aquí el documento: Corte Constitucional-000041-20

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