Resumen del Comunicado de Prensa #46 de la Corte Constitucional

  • Sentencia C-550 de 2019 sobre Impuesto nacional al consumo sobre bienes inmuebles (M.P. Diana Fajardo Rivera).

En esta sentencia, la Corte Constitucional estudió la constitucionalidad del impuesto al consumo de bienes inmuebles (artículo 21 de la Ley de Financiamiento o Ley 1943 de 2018). Al respecto, estableció que dicha disposición es exequible, pues es posible identificar inequívocamente al contribuyente obligado. Asimismo, estableció que, aunque lo pagado por el tributo hace parte del costo del bien para el comprador, esto no convierte al comprador en el titular de la obligación sustancial, la cual recae exclusivamente en el enajenante por ser quien ejecuta el acto gravado.

Para llegar a esta decisión, la Corte consideró los argumentos de los demandantes, los cuales señalaron que debido a que la disposición que regula el impuesto al consumo sobre bienes inmuebles prevé como responsable de un impuesto a quien enajena o vende el bien, y a la vez establece que la tarifa hace parte del precio pagado por el comprador, hace que el sujeto pasivo del tributo sea indeterminable y, por lo tanto, existe una vulneración del principio de certeza tributaria.

Al respecto, al declarar la exequibilidad de la norma, la Corte consideró que:

  • Con base al principio de certeza tributaria, los elementos de los tributos deben ser determinados o determinables, a partir de un ejercicio interpretativo razonable de los enunciados normativos que consagran la obligación tributaria.
  • Solo cuando exista incertidumbre sobre el alcance de los elementos del tributo, existe un menoscabo al principio de certeza tributaria.
  • Cuando el sujeto pasivo del tributo no se encuentra expresamente consagrado, el tipo de exacción que trata, el hecho generador o las características del campo económico al que se aplique, pueden permitir su determinación.
  • En el marco del principio de certeza tributaria, el legislador tiene la obligación constitucional de definir claramente las personas que llevan a cabo el hecho gravado, de forma que se exprese claramente en quien reside la obligación sustancial y quienes son los obligados para efectos fiscales.
  • En el caso concreto, la Corte encontró que el sujeto pasivo del impuesto al consumo de bienes inmuebles, pese a que no fue explícitamente definido por el legislador, podía ser inequívocamente identificado. Esto, teniendo en cuenta que, de un análisis del hecho generador previsto en la disposición y el carácter indirecto del impuesto, es posible inferir que la responsabilidad jurídica del tributo reside en el vendedor o cedente, y por tanto éste es el sujeto pasivo del tributo.
  • Consideró la Sala, además, que, si bien el legislador estableció que lo pagado por el tributo hace parte del costo del bien para el comprador, esto no hace que el comprador sea el titular de la obligación o el sujeto pasivo, pues es evidente que esto recae en el enajenante, al ser quien lleva a cabo el acto gravado.

  • Sentencia C-553 de 2019 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez) sobre la demanda contra el artículo 33 de la Ley 1943 de 2018 o Ley de Financiamiento.

En esta providencia, la Corte Constitucional resolvió una acción publica de inconstitucionalidad contra el articulo 33 de la Ley de Financiamiento o Ley 1943 de 2018, declarando que se atiene a lo resuelto en la decisión C-520 de 2019, por principios de cosa juzgada constitucional.

Para llegar a dicha decisión, la Corte consideró los argumentos de los demandantes, quienes consideraron que la norma no hace extensiva la facultad para detraer los costos y los gastos en la depuración de la renta, la cual si fue prevista para las rentas no laborales y las rentas de capital. En ese sentido, los demandantes establecieron que la norma viola el principio de cosa juzgada constitucional, al reproducir un contenido declarado inexequible previamente por la Corte, por haber desconocido el condicionamiento reconocido en la Sentencia C-120 de 2018 de la misma Corte, y por desconocer el principio de equidad tributaria al prescindir de la capacidad económica para fijar las cargas tributarias para los trabajadores independientes.

Debido a que los alegatos de los demandantes recaen sobre la misma disposición y sobre el mismo contenido del articulo demandado, la Corte decidió atenerse a lo resuelto en la Sentencia C-520 de 2019, en la cual, a saber, se declaró exequible la norma por los cargos analizados, en el entendido de que los contribuyentes que perciban ingresos considerados como rentas de trabajo derivados de una fuente diferente a la relación laboral y reglamentaria, pueden detraer, para efectos de establecer la renta líquida cedular, los costos y gastos que tengan relación con la actividad productora de renta.

Lo anterior, considerando que en providencias anteriores la Corte ya ha afirmado que es inaceptable impedir la depuración de los costos y los gastos en que incurren los trabajadores independientes para obtener sus ingresos, para calcular la base gravable del impuesto a la renta. En ese sentido, habiendo sentado un precedente anterior, la Corte concluyo que la facultad de detracción de costos y gastos prevista en el numeral 4 del articulo 33 de la Ley de Financiamiento para las rentas no laborales y rentas de capital, debe hacerse extensiva a las rentas de trabajo originadas en una fuente diferente a la relación laboral o reglamentaria.

Fuente:  Ver Comunicado de Prensa Corte Constitucional

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