Sancionada en primera instancia ex Directora General de la ANLA

Sancionada en primera instancia ex Directora General de la ANLA

La Procuraduría General de la Nación profirió el fallo de primera instancia a través del cual declaró disciplinariamente responsable a la ex Directora General de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, Luz Helena Sarmiento y le ordenó el pago de más de $118.000.000.

Según consta en el expediente, los hechos se originaron en las denuncias realizadas por medios de comunicación al “publicar las grabaciones que realizó el Controller de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, JORGE ENRIQUE PIZANO acerca de unas reuniones que tuvo con el abogado NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA, entonces asesor del Grupo Aval, donde se denunciaron hechos posiblemente irregulares cometidos por LUZ HELENA SARMIENTO, quien fungió como Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como Directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Se indicó que la señora SARMIENTO, luego de haber desempeñado el cargo de Directora de la ANLA, suscribió contratos de asesoría con la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S”.

El cargo único formulado por la Procuraduría fue el siguiente:

LUZ HELENA SARMIENTO VILLAMIZAR, identificada con la C.C. No. 63.366.054, en su condición de ex Servidora Pública: Directora General Código 15, del Despacho de la Dirección General, nombrada mediante Resolución No. 009 del 7 de octubre de 2011, emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y posesionada mediante acta No. 43 del 7 de octubre de 2011 –cargo que ejerció hasta el 10 de septiembre de 2013-, pudo haber incurrido en la prohibición contenida en el numeral 22 del artículo 35 de la ley 734 de 2002, modificado por el artículo 3° de la ley 1474 de 2001, al haber prestado a título personal servicios de asistencia, representación y asesoría a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., empresa que estuvo sujeta a la inspección, vigilancia, control y regulación de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, de la cual fue Directora General, dentro del término de dos (2) años luego de la dejación del cargo; esto, en razón a que suscribió con dicha concesionaria un contrato de prestación de servicios de asesoría y consultoría No. 082 de diciembre del 2014, por el cual recibió pagos mensuales hasta noviembre de 2015.”

Consideraciones de la Procuraduría

Para la entidad, Luz Helena Sarmiento fue Directora de la ANLA desde el 7 de octubre de 2011 hasta el 10 de septiembre del 2013, y desde esta fecha empezaba a regir la prohibición contenida por el Estatuto Anticorrupción, es decir, no podía realizar ningún tipo de asesoría, prestación de servicios, representación, ni demás con una entidad que hubiera estado sujeta a su inspección, vigilancia, control y regulación (como es el caso de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S en el tema ambiental), sino hasta el 10 de septiembre del 2015. Pero, según lo señala la Procuraduría, su contrato de prestación de servicios inició el 15 de diciembre del 2014, estando en plena vigencia la citada prohibición. Por tal razón consideró procedente la imposición de una sanción disciplinaria.

Ilicitud sustancial

Según lo señala el fallo sancionatorio, Luz Helena Sarmiento vulneró el principio de la moralidad pública y de contera, la vulneración de los deberes funcionales a ella encomendados, los cuales por expresa disposición legal y con aval constitucional fueron extendidas en el tiempo, precisamente para evitar las indebidas injerencias de ex funcionarios en aspectos que fueron resorte funcional de ellos.

Lo anterior por cuanto la investigada vulneró el principio de moralidad de la función administrativa, toda vez que en su condición de ex Directora General de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales estaba aún obligada a respetar las leyes y la no incurrir en la prohibición del Estatuto Anticorrupción, al utilizar de manera ilegal su conocimiento, trabajo e intereses, en provecho de intereses particulares, con ventajas obtenidas a merced del uso de información a la que se tuvo acceso por razón de la calidad de servidor público, y la cercanía y posición administrativa que ocupó cuando era servidora pública respecto del vigilado y posterior contratante.

Culpabilidad

Para la Procuraduría, Luz Helena Sarmiento tenía para el momento de los hechos que se le imputan la capacidad de ser motivada por la regla que PROHIBÍA asesorar y asistir a particulares que habían sido objeto de inspección, vigilancia, control o regulación de la ANLA, entidad de la cual ella era su Directora General. Ella tenía plena capacidad de determinarse de acuerdo con esa comprensión, pues no padecía de trastorno metal, no era inmadura psicológicamente, ni se le podía atribuir una diversidad sociocultural que le hubiera impedido actuar conforme a la comprensión de la conducta. Así las cosas, la disciplinada era capaz, tanto formal como materialmente por lo que se puede decir que, para este caso concreto, es imputable.

Por otra parte, en lo tocante al conocimiento de los elementos estructurales de la conducta disciplinaria que se reprocha, lo cual implicaría no solo la realización objetiva de la descripción típica sino el conocimiento de lo que realmente se realiza (segundo requisito de la culpabilidad), la implicada conocía los elementos estructurales del tipo disciplinario, pues conocía del catálogo de deberes y prohibiciones que tiene todo servidor y ex servidor del Estado. Así mismo, intentó eludir la configuración de la prohibición señalada; esto, en razón a la vaguedad del objeto del contrato de prestación de servicios que suscribió con la Concesionaria, y en que dicha sociedad nunca allegó los productos que supuestamente Sarmiento Villamizar le entregó en cumplimiento de dicho negocio jurídico bilateral.

Finalmente, como elemento de la culpabilidad está el juicio de reproche en donde se determina que pudiéndose actuar conforme a derecho se decide voluntariamente realizar la conducta típica y sustancialmente ilícita. En este caso, para la Procuraduría está demostrado con grado de probabilidad que la disciplinada no actuó bajo ninguna causal de inculpabilidad, como lo sería un estado de necesidad, un estado de ira o intenso dolor, entre otros, que impidieran la configuración de esa categoría o que por lo menos la disminuyera.

Dolo

En cuanto al tercer elemento del dolo, es decir que haya actuado voluntariamente, de todo el acontecer fáctico aparece probado que no actuó Luz Helena Sarmiento a causa de una vis absoluta o una vis compulsiva, por ejemplo. Así mismo, no existió una fuerza mayor o un caso fortuito que la obligara a actuar de la manera que lo hizo, ni existió amenaza de un tercero que hubiera disminuido su voluntad. Por el contrario, actuó voluntariamente, comprendiendo y queriendo lo que hacía.

Conciencia de la antijuridicidad

En cuanto a la conciencia de antijuridicidad, para la Procuraduría la disciplinada conocía de la ilicitud de su comportamiento, y ello se puede probar por vía indirecta por su condición de Directora Nacional de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales.

Calificación de la falta y criterios para su determinación

A la luz de los argumentos esbozados por la Procuraduría, la falta se calificó como GRAVE en los términos de la Ley 734 de 2002, artículo 50:

Artículo 50. Faltas graves y leves. Constituye falta disciplinaria grave o leve, el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones, o la violación al régimen de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la Constitución o en la ley. La gravedad o levedad de la falta se establecerá de conformidad con los criterios señalados en el artículo 43 de este código.

Lo anterior al considerar los siguientes criterios de graduación:

“El grado de culpabilidad. La conducta desplegada por la aquí investigada fue catalogada definitivamente como DOLOSA, y por ende dicho hecho debe ser considerado como un factor agravante en la calificación de la gravedad de la falta.

La naturaleza esencial del servicio. Teniendo en cuenta los antecedentes del presente caso, es claro que con conducta bajo análisis no se intentó satisfacer una necesidad que gozara de carácter esencial y por ende dicha observación no debe ser considerada como un factor agravante en la calificación de la gravedad de la falta.

El grado de perturbación del servicio. Considerando los elementos fácticos del caso en estudio, es claro que con la conducta endilgada a al implicada, no se perturbó la prestación de servicio alguno y por ende dicho hecho no debe ser considerado como un factor agravante en la calificación de la gravedad de la falta.

La jerarquía y mando que el servidor público tenga en la respectiva institución. Se trata de la Directora General de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, quien, al parecer, infringiendo las normas a la cuales estaba sometida, incurrió en las presuntas irregularidades ya descritas por lo que con base en dicho hecho será considerado como un agravante en la calificación de la gravedad de la falta.

La trascendencia social de la falta o el perjuicio causado. Esta situación que se ha conocido comúnmente como puerta giratoria, fue la que recogió el Estatuto Anticorrupción y sobre la cual la Corte Constitucional ha dicho que persigue evitar cualquier tipo de injerencia indebida en la gestión de los asuntos públicos al limitar el ejercicio de ciertas actividades por los servidores públicos durante y aún después de la dejación de sus correspondientes cargos”.

Consulte aquí el documento: Procuraduria-Fallo-2020-N1209477_20200831-Sancion-ExDirectora-ANLA

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