Se vulnera el debido proceso y el acceso a la administración de justicia cuando se presenta mora en la resolución de procesos judiciales

Se vulnera el debido proceso y el acceso a la administración de justicia cuando se presenta mora en la resolución de procesos judiciales

La Corte Constitucional revisó la acción de tutela instaurada en nombre de una mujer de 89 años de edad, cuya vivienda se encontraba inmersa en un proceso de extinción de dominio adelantado por la Fiscalía General de la Nación. La actora expresó que la orden de desalojo del bien inmueble en el que habita con su progenitora trasgredía los derechos a la vida digna y a la salud de esta última, por cuanto no disponen de otro lugar para residir y es allí donde su madre recibe el tratamiento médico prescrito y la atención domiciliaria para las diferentes afecciones que la aquejan.

Concluyó la Corte al estudiar el caso que la actuación de la Fiscalía se enmarcó dentro de sus funciones legales, en cuanto secuestre y administradora de los bienes puestos a disposición del Fondo para la Rehabilitación Social y Lucha contra el Narcotráfico (Frisco). Al respecto, el fallo indicó:

“No existe violación de los derechos a la intimidad personal y familiar, y al buen nombre, puesto que la observancia de los deberes y el cumplimiento de las cargas procesales y/o consecuencias jurídicas que son aplicables a las personas inmersas en un proceso judicial, no representa una transgresión de los intereses fundamentales protegidos por la Constitución”.

Sin embargo, la Corporación le dio la razón a la accionante al señalar que la Fiscalía incurrió en mora judicial en el proceso de extinción de dominio, pues, a pesar de haber transcurrido 15 años desde el inicio del proceso, la actuación no había sido remitida al juez competente para adoptar la decisión de fondo sobre la extinción del derecho, afectándose así el deber del Estado de garantizar una justicia pronta, cumplida y eficaz.

La Corte expresó que los casos de mora judicial o la existencia de plazos irrazonables, además de constituir una transgresión del derecho de acceso a la administración de justicia, representa una vulneración al debido proceso. Esta conexión se explica al comparar el contenido de las garantías judiciales establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 29 constitucional.

Consulte aquí el documento: T-2020-N0441_T-7803142_Sentencia_20201013