Si se comprueba la existencia de un perjuicio irremediable como excepción al requisito de subsidiariedad, es posible amparar el derecho a la seguridad social a través de la acción de tutela.

Situación fáctica: En la Sentencia T-554/19 del 20 de noviembre de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido), la Corte Constitucional resolvió una acción de tutela interpuesta por Cristo Adolfo Gandur Torrado contra el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por medio de la cual solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud, al trabajo, a la seguridad social y a la estabilidad laboral reforzada. También solicitó que fuera reintegrado al cargo que ocupaba, y se le reconociera el pago de los salarios dejados de percibir.

Fundamento jurídico: Al analizar los requisitos de procedencia de la acción de tutela, la Sala entró a analizar si en este caso el accionante cumplió con el requisito de subsidiariedad, esto es, haber recurrido a otros mecanismos de defensa judicial procedentes para proteger los derechos fundamentales que alegaba como vulnerados. Frente a esto, la Corte determinó que, en este caso, el accionante podía recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa por acción de nulidad y restablecimiento del derecho, para solicitar que el acto administrativo que determinó su despido fuera declarado nulo y así, poder proteger sus derechos fundamentales.

Empero, considerando que excepcionalmente la acción de tutela no debe cumplir con el requisito de subsidiariedad cuando exista un perjuicio irremediable cierto e inevitable por otros medios, la Sala entró a analizar si en este caso efectivamente existió dicho perjuicio, que justificara utilizar la acción de tutela como medio de defensa inmediato.

Al analizar si la entidad accionada vulneró el derecho del accionante al mínimo vital, la Sala encontró que esto no es así, teniendo en cuenta que él y su familia cuentan con los recursos económicos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Luego, al analizar la seguridad social como un derecho fundamental, la Corte analizó los argumentos del accionante de la siguiente forma:

  • El accionante afirmó que el despido efectuado por parte del SENA afectó sus derechos como prepensionado, teniendo en cuenta el número de semanas cotizadas que llevaba hasta ese momento y el hecho de que no había podido cotizar a pensiones debidamente por cuenta de la misma entidad. Ante esto, la Corte consideró que las semanas cotizadas no eran las suficientes como para que el accionante pudiera ser considerado como pre pensionado, y en esa medida tuvo en cuenta que al accionante aun le hacen falta algunos años para pensionarse.
  • El accionante consideró que la entidad lo despidió de manera irrazonable y sin justificación, atendiendo a que había trabajado por más de 20 años en dicha entidad y su mínimo vital dependía del sueldo devengado. Ante esto, la Corte consideró que, además de que a partir de las pruebas y declaraciones del accionante no se demostró una afectación irremediable al mínimo vital del accionante, la entidad había realizado el despido en virtud de un concurso de méritos, el cual se llevó a cabo debidamente y realizó la elección del nuevo funcionario de forma legítima.

Con todo, la Sala decide no aceptar la tutela presentada por el accionante, teniendo en cuenta que pese a que la seguridad social es un derecho fundamental susceptible de ser reclamado por vía de la acción de tutela cuando existe un perjuicio irremediable cierto e inminente, en este caso el accionante no acreditó debidamente el advenimiento de dicho perjuicio. Por lo cual, no había lugar a la procedencia de la acción de tutela por la ausencia del requisito de subsidiariedad.

Fuente: Ver Sentencia

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