Trabajadores que pierdan su capacidad laboral tienen derecho a ser reubicados en tareas acordes a sus capacidades, habilidades y competencias, siempre que sea posible

Trabajadores que pierdan su capacidad laboral tienen derecho a ser reubicados en tareas acordes a sus capacidades, habilidades y competencias, siempre que sea posible

Así lo recordó la Corte Constitucional al conocer en sede de tutela del caso de un trabajador que buscaba el amparo a sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital, a la salud, al debido proceso, a la vida en condiciones dignas y a la integridad personal, tras haber sido desvinculado de la Policía Nacional luego de que se le calificara como no apto para el servicio y no reubicable.

Consideraciones de la Corte Constitucional

Dentro de sus consideraciones el máximo tribunal constitucional reiteró que

el trabajador que pierde o ve disminuida sustancialmente su capacidad laboral tiene derecho, siempre que sea posible, a ser reubicado en tareas acordes a sus capacidades, habilidades y competencias. En caso contrario, es dable presumir que la desvinculación tuvo como fundamento la condición de discapacidad, tornándola ineficaz; salvo que se constate que el despido obedeció a una causal objetiva para la terminación del contrato, avalada por el inspector del trabajo.

De acuerdo a las consideraciones de la Corte, y de cara al caso en concreto, antes de proceder a retirar del servicio a un miembro de la Policía Nacional como consecuencia de la disminución de su capacidad psicofísica es necesario establecer la posibilidad de la reubicación en una plaza en la cual pueda cumplir una función útil a la institución.

Para el efecto, la Junta Médico Laboral de Policía y/o el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía tienen una tarea de trascendental importancia, esto, es deben efectuar una juiciosa valoración y emitir un concepto fundado en criterios técnicos, objetivos y especializados, a fin de determinar si el calificado tiene conocimientos, capacidades, o destrezas que puedan ser aprovechadas en actividades administrativas, docentes o de instrucción.

Bajo ese entendido, la Corte ha enfatizado que la decisión de las autoridades médicas no puede ser tomada a priori, esto es, sin tener en cuenta todas las circunstancias que afecten al asunto en cuestión, pues existe el deber de motivar el acto administrativo de calificación, lo que implica, según se ha explicado, que los dictámenes no pueden respaldarse en argumentos de autoridad, ni ser simples formatos en los cuales se llenan los espacios en blanco, de ahí que “cada una de estas opciones deben estar fundamentadas expresamente en un criterio técnico o médico”.

Consulte aquí el documento: T-2020-N0499_T-7825038_Sentencia_20201202